Corría el 2020 cuando surgió una oportunidad que no se tomó. El infame Conamigua estaba bajo la lupa, pues nuevamente los colmos de su corrupta burocracia habían rebalsado paciencias. Brevemente tomó forma la idea de su cierre definitivo. La ambición política de los participantes apagó esa oportunidad.

En aquel entonces, la legislatura actual recién había tomado posesión. En la Comisión de Migrantes había importante representación de diputados no alineados con el oficialismo, lo que suponía un compromiso con la transparencia. No pasó mucho tiempo sin que el consejo Conamigua, cuestionado ente bajo su fiscalización, les prendiera las alarmas rojas. El que fungía como secretario estaba haciendo unos desmanes tan extraordinarios que superaban lo acostumbrado, aun para los bajos estándares de un funcionario en Guatemala. Se le terminó destituyendo, pero no con un costo justificado contra la polémica institución. Y es que el problema no se limitaba solo a esa coyuntura. Durante toda su historia, el consejo representó más gasto y pena que gloria, y justo era cuestionar más la estructura que la coyuntura.

Creo firmemente que una opinión honesta debía ponderar la conclusión de un cierre de la institución. Sus carencias del hoy eran consecuencia evidente y directa de las debilidades con las que fue justificada su incorporación al andamiaje del Estado durante el gobierno de Colom. Época durante la cual voces íntegras dentro de ese gobierno, que no recomendaban su creación, perdieron el pulso contra influyentes adalides de la corrupción que desde ya fortalecían sus robustos imperios. Ellos usaron de compadres a compatriotas en el exterior, de los que buscan ser figuras pretendiendo tener representación de sus comunidades, y a quienes dedicaron espejitos. Migajas. A cambio, ellos, como sus actuales sucesores, aducen que el Consejo es representativo de la población expatriada. Pero es conocido que esa representación no es real.

Esa discusión en la Comisión del Migrante en 2020 fue cuando más cerca se vio la posibilidad de la clausura de Conamigua. En especial, la presencia de aquellos diputados que mencioné, no alineados con el oficialismo, suponía esperanza de una discusión libre de intereses particulares. Lo que vi, sin embargo, me hace creer que finalmente dominó un interés particular de esos mismos legisladores que creían tener una fuerza política en los “líderes migrantes”, a quienes tenían como únicos contactos en la importante población expatriada. Con evidente ingenuidad creyeron que empoderando al Conamigua lograrían un voto cautivo en EE. UU. Creían en ese entonces que un voto migrante podía darles poder electoral. Cayeron en la trampa de quien no conoce aquel país, y vendieron, de paso, una institución inútil que solo ganó fuerza.

Las autoridades electas tienen un compromiso con la honestidad y transparencia. Es oportuno que revisen caminos tomados en 2020 por miembros de su bancada. Es una lección que esperamos que hayan tomado, ante su desconocimiento de EE. UU. En días pasados, el Congreso eligió autoridades de ese Consejo que hacen suponer que UCN afianzó su poder en él. Esto a pesar de que, según nota de La Hora, su presupuesto tiene una ejecución del 58%, y una proporción igual es dedicada a salarios y funcionamiento. Y alarma que, además, pretenden reformar su ley, con lo que su presupuesto oscilaría entre Q100 y Q200 millones anuales, convirtiéndola, además, en unidad ejecutora. El Estado es un botín y la justicia debida a la población migrante no puede ser excusa para justificar el saqueo. La ponderación y la valentía son cruciales.

* Esta columna defiende el legítimo resultado electoral del 20 de agosto y cerrará semanalmente con este mensaje independiente al tema de cada artículo, hasta que suceda la debida e imperiosa toma de posesión del presidente y vicepresidenta electos, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el 14 de enero de 2024.