Rodrigo Borja señala en su Enciclopedia de la Política, sobre la patente de corso: “Uno de los problemas más importantes del derecho internacional en los siglos XVIII y XIX fue la piratería de la guerra marítima. Los países beligerantes solían armar barcos privados de sus propios súbditos o de súbditos neutrales con la misión de saquear y destruir a los buques mercantes del enemigo, para afectar su logística y abastecimiento. Con este fin se otorgaba la llamada “patente de corso”, que era un documento expedido por el gobierno que les autorizaba para realizar toda clase de pillajes contra las naves contrarias. Los corsarios tuvieron como recompensa la apropiación del botín. El sistema como es lógico se prestó a toda suerte de abusos. Hubo casos de comandantes que actuaron como corsarios para ambos lados”.

Violar las leyes con permiso de la autoridad no es nuevo, y menos en el país, pero ahora, en el siglo XXI, como podemos ver, quienes expiden las nuevas “patentes de corso” son las autoridades judiciales, las cuales, sin importar la propia documentación del expediente a su cargo, así como las protecciones constitucionales sobre la emisión del pensamiento o el régimen electoral, resuelven violaciones legales a granel sin ninguna consecuencia administrativa, civil o penal, facultando la piratería de algunos en desmedro de todos.

Que un juez, de un plumazo, con base en absurdas alegaciones del Ministerio Público, pueda “suspender la personalidad jurídica” de un partido político es grotesco, y lo peor es cómo este abuso es el primero de muchos otros que vendrán si los guatemaltecos no reaccionamos en protección de nuestros derechos. Acá cerca, el gobierno nicaragüense cerró empresas, cooperativas, asociaciones de trabajadores, estudiantes y empresarios, llegando al extremo de clausurar la primera universidad privada centroamericana confiada a la Compañía de Jesús y el mejor centro de estudios empresariales de la región. Lo sucedido con la Universidad Centroamericana (UCA) y con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) fue producto de normas como las que acá pretenden aplicar, y el Estado nicaragüense, sin necesidad de molestas expropiaciones, se robó inmuebles, vehículos, enseres y un sinfín de bienes. Esto es grave y se ensaya en nuestro país.

Hemos visto cómo el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente y vicepresidenta y diputados electos, con base en tuits. Esto con el único objeto de entorpecer el traspaso del poder, pero ¿qué hay más de fondo? Si nuestro gobierno y ciertos poderes reales de poder están inmersos en una dinámica golpista y no tienen temor o vergüenza a las tremendas estupideces como amparan sus decisiones, tal como la prensa y las redes sociales evidencian, busquemos el incentivo y, de seguro, este no es más que garantizar una administración opaca, alejada de los intereses populares y, sobre todo, asegurar prácticas mercantilistas, anticapitalistas e inconstitucionales. Los corsarios actúan ahora con la protección de jueces, y esto debemos denunciarlo, porque dentro de nuestro sistema judicial no existió por parte de la Corte Suprema recién salida una sola propuesta efectiva para garantizar independencia judicial con responsabilidad, tal como la Constitución ordena y dispone. Por su parte, el Ministerio Público enterró la carrera fiscal.

Los corsarios saqueaban y capturaban, ahora presenciamos cómo Marcela Blanco, Rodolfo Chang, Alfredo Enrique Beber, Eduardo (Guayo) Velásquez y Javier Alfonso de León fueron capturados por un juez con vínculo contractual directo con la Usac, pero con un objetivo político partidista, y hemos sido varios quienes señalamos esta situación como más propia de rehenes. Es notoria la actuación judicial con desprecio absoluto no solo a los derechos fundamentales, sino a la razón, la lógica, la prudencia y paz.