Mi solidaridad con Eduardo Velásquez Carrera, Rodolfo Chang, Alfonso Beber Aceituno y los demás profesionales universitarios que han sido afrentados tan vilmente por el régimen de la corrupción. Prestigiosos académicos guatemaltecos, sancarlistas de trayectoria, que han destacado tanto en el ámbito académico como en la docencia y en la gestión universitaria. Gente que ha regido su vida por los auténticos principios universitarios y que toda su vida ha defendido la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala en cumplimiento con su derecho, pero también con una obligación para todos los sancarlistas. Un deber que, lamentablemente, tantos otros han defraudado. El papel de la academia y de los intelectuales comprometidos con el país y con sus instituciones es fundamental para el avance de la sociedad. La acción criminalizadora daña, más allá de los individuos y sus familias, a toda la sociedad. La intención de inhibir la esfera política y el pensamiento del ser ciudadano y de los académicos se paga a largo plazo con la falta de creatividad, innovación e iniciativa de las generaciones por venir. Repercute en el desarrollo social y económico. Ya lo vivimos una vez en Guatemala, décadas de rezago. ¿Por qué quieren repetirlo?

Así también, con los estudiantes sancarlistas que, en legítima defensa de la autonomía violentada, ahora son perseguidos y sometidos a procesos judiciales. ¡Tamaña injusticia! Quieren amedrentar y debilitar el movimiento estudiantil que ha defendido abiertamente la democracia y se ha manifestado en contra de las ilegalidades que se vienen cometiendo en el afán de someter y cooptar a las instituciones del Estado. No digamos, la perversidad de perjudicar directamente al presidente electo, Bernardo Arévalo, vicepresidenta electa, Karin Herrera, y a la que fue candidata a diputada por el partido Semilla Marcela Blanco, joven landivariana, también detenida injustamente la semana pasada.

¿A qué situación quieren conducir al país con estas acciones? La inestabilidad política, la incertidumbre y el temor que desatan con estas no conduce a nada bueno. Ya estuvo suficiente de intentar socavar la democracia y las acciones ciudadanas para defenderla. Por el contrario, el país necesita que sus juventudes se comprometan con el país y asuman su papel en forjar un mejor futuro del que nuestras generaciones, todavía tan marcadas por el conflicto armado, han logrado construir.

Además, hay mucha necesidad de que los esfuerzos del Estado, todavía en esta administración, se concentren en atender todas las urgencias como las que se están presentando en la parte norte del país, con las inundaciones que tienen, literalmente, sumergidas a varias comunidades. Los problemas del hambre y la desnutrición, que no cesan, los accidentes de tránsito, los déficits en el sistema de salud. Estar en período de transición no significa que el gobierno actual se desentienda de sus funciones para responder a la población, especialmente cuando está enfrentando nuevamente una crisis de medios de vida tan profunda y reiterada. Izabal, Petén, Alta Verapaz en situaciones muy críticas, pero sabemos que pronto serán otros departamentos, otros territorios.
Pero en las condiciones políticas actuales del país tampoco se puede enfocar la sociedad y las entidades de gobierno en trabajar en estas acciones cuando la sociedad vive en zozobra porque sus entidades están empeñadas en criminalizar a las personas. Para eso es necesario dejar de ver a los ciudadanos como enemigos del Estado, buscar el acuerdo mínimo que las democracias sí pueden lograr, y retomar el rumbo del país.