El 16 de noviembre el MP dio a conocer el caso denominado Toma Usac: Botín político en el que señalan que los 13 meses que la casa de estudios pública permaneció cerrada como un rechazo a la elección del rector, Walter Mazariegos, fue usada como plataforma política para candidatos de Movimiento Semilla y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).
Derivado de la pesquisa, se prepara la solicitud de antejuicio en contra de ocho personas incluyendo al binomio electo integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, los diputados Samuel Pérez, Román Castellanos, Raúl Barrera, Carlos Barreda, Adán Pérez y Aldo Dávila.
Entre otras 27 órdenes de captura en contra de estudiantes y catedráticos que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación considera que participado en la toma del campus entre el 19 de mayo de 2022 al 9 de junio de 2023 de acuerdo con las pruebas.
A los funcionarios se les señala de los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias. Mientras a las personas de usurpación agravada de forma continuada, de depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y sedición en forma continuada.
El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, considera que las acciones del MP pueden tener consecuencias a largo plazo y que conllevan al país a una dictadura.
“El efecto real y positivo es que estamos consolidando conscientemente una dictadura”, aseveró.
Amplió que en la teoría constitucional la libertad de expresión es el cimiento más elemental que tiene un sistema democrático porque abre las puertas a las críticas. “Al no haber crítica tenemos una dictadura”, explicó.
A su juicio, si persisten acciones que violente este tipo de derechos, el sistema se vuelve más autoritario por lo que muchas personas podrían dejar de opinar por temor o prudencia, además que la ciudadanía puede quedar amedrentada de por vida.
“Es eso ente muchas otra cosas lo que hace realmente temer porque el sistema poco a poco vaya volviéndose cada vez más absorbente y después el problema va ser como recuperar esas libertades”, argumentó.
En contraste, el exconstituyente Carlos Molina Mencos, refirió que la libertad de expresión no está afectada en el país, sino más bien que las redes sociales necesitan más regulación para que las opiniones sean más cuidadosas.
“En las redes sociales no estoy sujeto a ninguna responsabilidad a menos que esa persona me demande personalmente”, indicó.
Bajo su perspectiva, la falla está en quien publica en redes sociales sin considerar las consecuencias que puede tener, a diferencia de lo que sucede con la prensa que se autoregula porque las publicaciones son verificadas y contrastadas.
“El que está atacando la libertad de expresión no es el que se defiende sino es el sistema de los medios sociales de comunicación”, ahondó.
Y añadió que lo que está afectando es el abuso del uso de las redes sociales y quienes personas que han mal usado las plataformas.
Derechos siguen afectados
El 10 de noviembre la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) posicionó en el puesto 19 de 22 del índice de Chapultepec a Guatemala por considerar que ha una “alta restricción” a la libertad de prensa y expresión.
El país está en ese puesto por segundo año consecutivo, donde solo supera a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Orellana está de acuerdo con la valoración de la SIP porque las acciones que ha tomado el MP en contra de periodistas, columnistas y ahora autoridades electas “constituyen a la luz de la convención interamericana de derechos humanos medios de control indirectos contra la libre emisión del pensamiento”, infirió.
Además que se busca amedrentar para que las personas se abstengan de expresar sus opiniones.
“Muchas personas expresaron sus opiniones por medios de comunicación, sino que también están siendo ahora perseguidos a amedrentados, en el mejor de los casos, por el MP de tal manera que yo tengo la impresión que lo que hace la SIP es correcto”, insistió.
Por su parte Molina Mencos no considera que haya limitaciones, ya que a s juicio tanto los periodistas pueden realizar su labor sin limitaciones y la ciudadanía en general puede expresar sus opiniones sin represalias.
“Las redes sociales tienen un problema y es que cualquiera puede decir cualquier cosa buena o bárbara aparentemente”, argumentó.
En esa línea, justificó que la prensa organizada está fiscalizada por lo que la información es verificada y está respaldada, extremo que no sucede con las redes sociales. “No creo que haya habido limitaciones”, sostuvo.
