En Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1996 se suscribió por el gobierno de la República y la comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca el “Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática”, el cual en sus primeros dos párrafos señala: “Que la paz descansa sobre la democratización y la creación de estructuras prácticas que, en el futuro, eviten la exclusión política, intolerancia ideológica y polarización de la sociedad guatemalteca”. “Que es indispensable superar carencias y debilidades en las instituciones civiles a menudo inaccesibles a la mayoría de la población y la prevalencia de lógicas y comportamientos que han ido en detrimento de las libertades y los derechos ciudadanos”.

Hemos vivido dos gobiernos seguidos sin brindarle ninguna importancia a los Acuerdos de Paz y lo más grave, montándose diversos aparatos para boicotear los procesos democráticos, llegándose al extremo y colmo, de configurar un Organismo Judicial al servicio de la exclusión política, la intolerancia ideológica y la polarización.

La Constitución al ser promulgada en 1985, con un contenido político jurídico y los Acuerdos de Paz al culminar su firma en 1996, con un contenido político social, le duela a quien le duela, constituyen a la fecha los lineamientos más significativos para estructurar un Estado sin peligro para la repetición de las atrocidades vividas por un enfrentamiento armado desgarrador.

Jorge Mario García Laguardia, nuestro constitucionalista universal, y Edmundo Vásquez Martínez quien algunos consideramos el jurista más integral de nuestra historia, repitieron hasta el cansancio: no se puede entender derecho, sin conocer la historia y esto es fundamental para quienes forjan desde el sistema de justicia una especie de inquisición del siglo 21 inspirada en sus propias pasiones y en la defensa de un mercantilismo absurdo y caduco.

Por medio del sistema de justicia se tiene a más de 60 personas en el exilio, siendo evidente cómo el sagrado derecho de defensa es inexistente frente a jueces acomodados a servirle al poder; elPeriódico fue cerrado a instancias judiciales y tanto el Ministerio Público como ciertos personajes del Organismo Judicial mostraron, durante el proceso electoral, primero, un deseo de exclusión a personas “molestas” -de toda ideología- para quienes gobiernan y luego, como ha sido público, en una audiencia de minutos, denunciándose un delito no sucedido, se autorizó el allanamiento a la autoridad electoral en total violación constitucional y legal.

Durante el enfrentamiento armado interno, el Organismo Judicial fue el mudo cómplice de las mayores atrocidades cometidas. Los detenidos desaparecidos, las torturas, los asesinatos selectivos y las grandes masacres jamás movieron el interés institucional de la Corte Suprema de Justicia, decidida a resguardar y proteger, en nombre de la Seguridad Nacional, los más crueles delitos; pero ahora presenciamos cómo “dentro del Estado de Derecho” se manipula el proceso judicial para reprimir a quienes resultan molestos, llegándose al extremo de Claudia González quien es acusada por un delito tipificado para servidores públicos, cuando ella jamás ha fungido como tal.

La independencia judicial, dentro del Organismo Judicial, ha sido coartada por esta Corte Suprema de Justicia, haciendo nugatoria la carrera judicial y esto mismo sucede en el Ministerio Público, donde con criterios de rábulas se eliminó, de plumazo a plumazo, la carrera fiscal y estas acciones se traducen en la amenaza constante a la inclusión política, la tolerancia ideológica y unidad nacional.

El artículo 2º constitucional dice: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”; por lo tanto, hacerlo vivo es compromiso de todos y tengamos presente la relación directa entre quienes anulan los Derechos Humanos son también quienes pretenden ocultar la historia.