Los sentenciados son líderes, organizadores e integrantes de un prolífico entramado de trata de personas que causó la muerte de una migrante guatemalteca en 2021.
Condenaron en el Distrito Oeste de Texas a cuatro procesados por su papel en dicho entramado, se trata de López Mateo Mateo, de 43 años, alias “Bud Light”, quien fue condenado a 30 años de cárcel; Felipe Diego Alonzo, de 40, alias “Siete”, condenado a 19 años y 7 meses de cárcel.
También Nesly Norberto Martínez Gómez, de 38, alias “Canche”, y Juan Gutiérrez Castro, de 46, alias “Andrés”, fueron condenados a 10 años y 1 mes de cárcel cada uno.
“Los cuatro procesados condenados en esta causa formaban parte de un operativo mortal de trata de personas que ponía en peligro a migrantes vulnerables para su propio lucro y que le costó la vida a una mujer”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland.
Agregó: “Cuando ordené la formación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha en 2021, dije que el Departamento de Justicia lucharía contra las amenazas planteadas por las peligrosas redes de trata de personas en sus lugares de origen y funcionamiento. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha llevado a cabo más de 260 arrestos tanto nacionales como internacionales y ha logrado más de 150 condenas por cargos de trata de personas. El Departamento de Justicia continuará desestabilizando y desmantelando la amenaza planteada por los operativos de trata y contrabando de personas”.
“Los tratantes de personas harán lo que sea por ganar dinero y el Departamento de Seguridad Nacional hará todo lo que esté en su mano para detenerlos”, advirtió el secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mayorkas.
Destacó: “La condena de estas cuatro personas es el resultado directo de una iniciativa gubernamental integral sin precedentes a fin de prevenir estos delitos y buscar justicia para sus víctimas. En estrecha colaboración con el Departamento de Justicia y otras partes mediante la JTFA, nuestros agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) continuarán investigando y desmantelando las organizaciones ilícitas que se aprovechan de la gente vulnerable”.
“Tragedias como esta sirven como duro recordatorio de los peligros que los tratantes de personas suponen para los migrantes”, alertó la fiscal general auxiliar en funciones Nicole M. Argentieri, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Agregó que la “Fuerza de Tarea Conjunta Alpha, junto con nuestros socios internacionales de fuerzas del orden público, continuará persiguiendo y abatiendo a los operativos transnacionales que socavan nuestro sistema de inmigración legal y explotan a los migrantes para su propio lucro”.
Cómo operaban
Según los documentos judiciales, los procesados admitieron su conspiración con otros tratantes para facilitar el movimiento de grandes números de migrantes de Guatemala por México y en última instancia a los Estados Unidos.
Cobraban a los migrantes y sus familias entre US$10 mil (Q78 mil 200) y US$ 12 mil (Q93 mil 840) por el peligroso viaje.
Quién fue la víctima
Uno de estos viajes causó la muerte de una joven indígena guatemalteca que falleció en Texas en abril de 2021.
La familia de la víctima pagó a los procesados unos US$10 mil para que la llevaran a los Estados Unidos.
Los sindicados lo organizaron todo para que la guiaran durante varios días a través del desierto de México a Texas y de ahí a una casa clandestina en Odessa (Texas), donde acabó falleciendo.
Los sentenciados y sus cómplices, quienes arrojaron el cuerpo a la orilla de un camino rural a las afueras de Odessa, también acordaron compensar a la familia de la víctima en Guatemala.
“Estas condenas reflejan hasta qué punto y con qué intensidad están dispuestos a trabajar tanto esta oficina como el Departamento de Justicia en general a fin de buscar justicia para las víctimas de delitos horrendos y evitar mayores daños”, informó el fiscal federal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas.
Dijo: “Las redes de contrabando como estas funcionan sin preocupación alguna por las vidas de sus víctimas, más bien por su codicia y el deseo de dinero contante y sonante. En coordinación con nuestros socios, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para desmantelar estas redes y hacer que estos tratantes rindan cuentas”.
Mientras que el agente especial al cargo, Francisco B. Burrola, de HSI El Paso anunció que “HSI continuará aplicando su amplia autoridad investigativa y presencia internacional para garantizar que los integrantes de estas redes criminales transnacionales rindan cuentas por aprovecharse de personas vulnerables y maltratarlas”.
“Nuestro mensaje es claro: si usted dirige una de estas organizaciones ilícitas que se dedican al transporte de personas lo encontraremos, sin importar lo cerca o lejos que esté”, advirtió.
Según la información, cada procesado se declaró culpable de un cargo de conspiración por haber llevado a un extranjero a los Estados Unidos, con resultado de muerte.
La exhaustiva coordinación entre las autoridades del orden público estadounidenses y guatemaltecas llevó a la imputación y el arresto de estos cuatro procesados, así como a la aprehensión de 15 cómplices adicionales en Guatemala.
De conformidad con una solicitud de extradición, en marzo las autoridades guatemaltecas extraditaron a Mateo Mateo, Diego Alonzo, Martínez Gómez y Gutiérrez Castro a los Estados Unidos, las primeras extradiciones de Guatemala a EE. UU. por contrabando de personas en casi cinco años, así como las primeras extradiciones de Guatemala a EE. UU. por cargos de contrabando de personas con resultado de muerte.
HSI Midland encabezó la investigación, trabajando en colaboración con HSI Guatemala y la Unidad de Trata de Personas de HSI en Washington, D. C.
Además, HSI recibió ayuda sustancial de la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), de la Unidad de Programas de Permisos de Permanencia Temporal para Fuerzas del Orden Público, del Centro Nacional de Objetivos/Operación Centinela de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, entre otros.
También, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (OIA) prestó una importante asistencia para garantizar el arresto y la extradición de los cuatro procesados. La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal (OPDAT) de la División Criminal proporcionó orientación específica al caso para respaldar la investigación.
“El Departamento de Justicia está muy agradecido a las fuerzas guatemaltecas del orden público por su instrumentalidad en el desarrollo de esta investigación”, agregó la información.
El codirector de la JTFA, James Hepburn, de la Sección de Derechos Humanos y Procesos Especiales (HRSP) de la División Criminal, así como los fiscales federales auxiliares José Luis Acosta y John Fedock del Distrito Oeste de Texas, procesaron la causa, con ayuda sustancial del fiscal federal auxiliar Adrián Gallegos, del Distrito Oeste de Texas, y de la historiadora de la HRSP y especialista en América Latina, Joanna Crandall.
Tanto el procesamiento como la colaboración con las fuerzas guatemaltecas del orden público se coordinaron bajo la Fuerza de JTFA.
El fiscal general Garland creó la JTFA en colaboración con el DHS para reforzar las iniciativas del Departamento de Justicia para luchar contra el aumento de la prolífica y peligrosa trata emanante de Centroamérica y que afecta a comunidades fronterizas de EE. UU.
La JTFA está compuesta por personal de las fiscalías federales de la frontera suroeste, lo cual incluye el Distrito Sur de Texas, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito de Arizona y el Distrito Sur de California, entre otras.
El trabajo de la JTFA ha dado lugar a más de 260 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores importantes de contrabando de personas y más de 150 condenas; imposición de penas de cárcel.
