Es contradictorio que el gobierno del partido Vamos, que se encuentra a 71 días de su fin, presuma de haber construido o mejorado hospitales, de haber fortalecido la seguridad o aumentado el salario a fuerzas de seguridad, mientras su bancada en el Congreso y partidos adláteres modificaron el proyecto de Presupuesto 2024 para quitarle Q417 millones a Salud y Q325 millones a Gobernación. Además le restaron Q325 millones al Ministerio de Agricultura. Sintomática es la resta de Q125 millones a la cartera de Desarrollo Social, que en el año electoral tuvo ingentes fondos con obvia dedicatoria electorera.

Por el contrario, se le han aumentado recursos al Ministerio Público y al Organismo Judicial. Otros fondos tienen destinos ambiguos, con alto riesgo de discrecionalidad, incluyendo bolsones de gasto u obras preasignadas a beneficio de alcaldes y diputados adláteres. Se ve en esta readecuación el temor a no tener más el chorro de dinero desde el Ejecutivo.

Es mal disimulada la animadversión del oficialismo hacia el siguiente binomio presidencial, con todo y supuesta transición: es un sociodrama que no cuaja en los hechos. No puede haber un traspaso eficiente de poder si, por un lado, se entregan documentos, proyectos y explicaciones de funcionarios del Ejecutivo, mientras en el Congreso se dispone de los fondos públicos a conveniencia del oficialismo. El equipo de gobierno entrante también cometió errores políticos en la discusión presupuestaria. El primero fue haberse empecinado en un plan de gasto de Q128 mil millones. La bancada de Semilla siempre criticó los montos aprobados por el oficialismo. Debieron enfocarse en reducir el déficit, reducir el monto de Q124 mil 900 millones y centrarse en prioridades.

Se creen muy listos en la Comisión de Finanzas al crear un candado desleal para la colocación de bonos. Finanzas pudo buscar hasta ahora los mercados y condiciones que considera convenientes, pero el próximo año se requiere de una aprobación previa del Congreso, cuya mayoría es de la UNE y Vamos: un factor de chantaje, si no es que de sabotaje burocrático. A la propia Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) le redujeron más de Q200 millones, pese a que su presupuesto se regula según el porcentaje de recaudación y no al mal gusto de diputados.

El poco o ningún control que ejerce la Contraloría General de Cuentas sobre la ejecución de recursos completa el cuadro. Las municipalidades suelen ampararse en un falso concepto de autonomía para no rendir cuentas de sus gastos, costos y nóminas. Un ejemplo de dichos dispendios se publica hoy en este medio, con el gasto de Q9.6 millones efectuado en dos estadios de Villa Canales y la asignación de un tercero, amarrada por el alcalde saliente, Julio Marroquín. Quizá con su aumento de presupuesto el MP logre investigar por qué se cobran Q22 mil por dos porterías o Q25 mil por dos bancas de concreto. Solo una muestra de los dispendios emprendidos sobre todo por funcionarios salientes.

El gasto en funcionamiento sigue siendo enorme, arriba del 65%, en detrimento de la inversión social efectiva y auditada. Crece el endeudamiento en más de Q12 mil millones, a pesar del aumento en recaudación fiscal. Expertos y centros de investigación económica recomiendan revertir los cambios efectuados a la propuesta de Presupuesto de Finanzas que tenía, al menos, carácter técnico, pero que fue manoseado, minado y agujereado.