El 2 de junio de 2015 fueron liberados por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil dos fiscales del Ministerio Público secuestrados por pobladores de Tajumulco, San Marcos, durante 39 días. Los captores exigían la liberación inmediata de un reo condenado a 10 años de prisión por tentativa de homicidio. Es decir, se trataba de una excarcelación inviable. La coordinación de la PNC y el Ministerio Público logró rastrear, ubicar y rescatar a las dos personas. Es pasmosa la coincidencia de tal caso con la actual retención de tres empleados de este último ente por parte de supuestos vecinos de Tajumulco, San Marcos.

Este es un secuestro porque se exige algo a cambio de la liberación de las víctimas: excarcelar a dos individuos que están detenidos y procesados por la muerte del coronel Amílcar Bautista Fuentes, quien encabezaba un operativo para rescatar a dos comerciantes atrapados por el fuego cruzado entre bandas delictivas de Ixchiguán y Tajumulco, el 29 de marzo último. Se trata de un viejo enfrentamiento atribuido a diferencias limítrofes, pero en el cual también inciden rivalidades por los cultivos de amapola de la región y consecuente trasiego de heroína hacia el Norte.

Los trabajadores del Ministerio Público se desplazaban por el área investigando denuncias sobre robo de energía eléctrica. Se desconoce si esa fue la causa primaria de la retención, ocurrida el 25 de septiembre, pero se intuyen intereses de narcoproductores del área. El MP no ha explicado, hasta ahora, nada sobre los protocolos de seguridad vigentes ni los recursos logísticos asignados a los fiscales locales para una región caracterizada por la conflictividad y las actividades de grupos de trata, narco y contrabando.

Tal pareciera que la descentralización de recursos y la atención de fiscalías no pasa de ser un ardid publicitario. Lo lógico debería ser que en una zona fronteriza en la cual pululan grupos criminales, el MP debería tener una fiscalía fuerte, dotada de suficiente personal, vehículos y armamento para poder enfrentar el riesgo constante. Más parece que dicho equipamiento se reserva para cierta élite en la capital y para operativos en los cuales se busca intimidar a instituciones y ciudadanos, como ocurrió con las incursiones en instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.

Lo más desolador es que la PNC afirma no tener pista alguna de los tres secuestrados, y aduce que estos son trasladados entre aldeas de áreas montañosas. El Ministerio Público, mientras tanto, no parece tener mayor inteligencia reunida sobre este caso, a pesar de que son las vidas de empleados suyos las que corren peligro. El Ministerio de la Defensa, que anunció hace un par de meses varias acciones contra el ingreso de grupos de narcotráfico al país, asegura que se trata de un problema de seguridad civil. Ese 25 de septiembre se anunciaba el despliegue de soldados ante la amenaza de entrada de integrantes de carteles mexicanos.

La seguridad del país debe abordarse de manera integral, seria y eficiente. Las áreas fronterizas merecen un despliegue permanente de fuerzas de seguridad, incluyendo oficinas fuertes del Ministerio Público. Es necesario enfrentar esa atávica ausencia del Estado que ahuyenta las inversiones, el turismo y crea una tierra de nadie. Tal desolación abarca vastos tramos fronterizos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Petén e Izabal. Pero ante el secuestro de tres empleados, pareciera que el MP no tiene norte ni occidente ni oriente.