Es llamativo el hermetismo y la poca divulgación de las acciones de las autoridades, especialmente del Ministerio Público, para lograr la liberación de tres fiscales que fueron retenidos hace más de un mes por presuntos pobladores de Tajumulco, San Marcos, mientras efectuaban investigaciones en el área, marcada como una zona de siembra y procesamiento de amapola. El hecho puede calificarse ya de un secuestro, pues los captores exigen la excarcelación de dos individuos ligados a una balacera ocurrida en marzo de este año, durante la cual falleció un coronel del Ejército de Guatemala al tratar de rescatar a dos viajeros atrapados en el refuego.

El 25 de septiembre último, Baudilio Napoleón Navarro, encargado de la agencia fiscal de Tajumulco, y los técnicos Julio Rainier Jiménez Osorio y Mario Enrique González Miranda, efectuaban pesquisas acerca de robo de electricidad. A las 15.30 horas de ese día se encontraban en el tramo denominado Ventana de la Muerte, aldea Tuinimá, en la ruta hacia Ixchiguán, San Marcos, cuando fueron capturados por presuntos amapoleros.

Auxiliares de la Procuraduría de Derechos Humanos han buscado el diálogo con supuestos comunitarios. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil también ha dado seguimiento al caso, pero los días siguen pasando sin que se vea mayor avance. De hecho, lo que se ha detectado es que los tres empleados de la Fiscalía son movidos de lugar, entre comunidades montañosas de Tajumulco, Sibinal y Tacaná, lo cual ha imposibilitado el rescate. La angustia de los familiares aumenta porque temen por la salud y seguridad de los fiscales, debido a la condición, totalmente irrealizable, de liberar a dos capturados bajo proceso.

Es un total contraste que el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, haya ordenado amplios despliegues policiales e incursiones de fiscales armados con metralletas y fusiles, claramente intimidantes, en las sedes del Tribunal Supremo Electoral, con el pretexto de garantizar la institucionalidad y las leyes, pero ha dejado transcurrir tanto tiempo para rescatar a sus propios trabajadores, cuyas vidas peligran en una zona de alta conflictividad. Las declaraciones del Departamento de Comunicación del MP han sido escuetas y ambiguas, a pesar del evidente chantaje, que sienta un pésimo precedente.

Es obvio que no se podrá nunca ceder a la condición de liberar a los detenidos por la muerte del militar guatemalteco y menos aún en un territorio de tanta conflictividad ligada a asuntos limítrofes, pero también a riñas por rutas de trasiego de drogas, armas y personas. Hace apenas dos meses, las autoridades de Gobernación anunciaban un amplio despliegue militar para evitar, supuestamente, el paso de integrantes de narcocarteles mexicanos a territorio nacional, como si la frontera no fuera porosa y vulnerable. En todo caso, cabe cuestionar por qué no se han destinado efectivos para colaborar con el rescate de los secuestrados.

La prolongación de este cautiverio criminal no debería permitirse un día más; primero, en favor de las vidas de las víctimas; segundo, para demostrar que la institucionalidad del Estado, y especialmente la del Ministerio Público, está al servicio del bien común de los ciudadanos, incluyendo a los trabajadores de seguridad pública; tercero, porque esta región necesita certeza jurídica para potenciar una mayor inversión en el desarrollo económico, educativo, industrial y social.