Después de que el alcalde indígena de Sololá, Mizrahi Xoquic Chiroy, argumentara que los bloqueos son el “último recurso para hacerse escuchar” con el respaldo constitucional, por estar en territorio indígena kaqchiquel, los vecinos también han manifestado que se sienten secuestrados y viven amenazados por los líderes indígenas.
Aunque reconoce que han limitado la libre locomoción en el departamento, Xoquic Chiroy sostiene que no actúan al margen de la ley, al justificar que la Carga Magna establece que se deben respetar sus costumbres, tradiciones y prácticas. Las declaraciones fueron vertidas el miércoles último, luego de concluir la segunda reunión con delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y la Policía Nacional Civil (PNC) para que despejaran las rutas en dicho departamento.
“Contamos con los documentos legales para decir que es nuestro territorio como kaqchiqueles y nos tienen que respetar. La Constitución nos ampara para que podamos proceder conforme nuestras costumbres y nuestras organizaciones”, sostuvo Xoquic Chiroy.
No es su postura mantener las protestas, sino de la asamblea del pueblo kaqchiquel, añadió.
Obligados
Sololá es el único departamento que hasta ayer mantenía los bloqueos para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y otros tres operadores de justicia. Los pobladores y comerciantes señalan que los insumos son escasos y los pocos que hay han subido de precio.
También denuncian que las órdenes de participación provienen de la alcaldía indígena y sus representantes, quienes han obligado a que cierren tiendas de consumo diario, tortillerías, panaderías y mercados, lo que provocó el desabastecimiento de productos.
A través de denuncias públicas y mensajes a esta redacción, algunos pobladores manifiestan que no pueden acceder a alimentos si no presentan un pase de participación en los bloqueos, a los que no están obligados acudir si pagan Q100 por día y Q200 por noche a los dirigentes.
No obstante, Xoquic Chiroy dijo que han dejado pasar alimentos, personal médico y ambulancias.
“La gente ha decidido permanecer. Se les dio un pequeño descanso el fin de semana y se abastecieron, y han regresado con mucho ánimo y energía y no lo podemos impedir, aunque digamos que se retiren”, expresó el miércoles.
Interpretación
El artículo 66 de la Constitución, en cuanto a “Protección a grupos étnicos”, dice que “Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”.
A criterio de Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, existe un “deficiente régimen jurídico” con el que se ha tratado el tema, lo que significa que que aunque la Carta Magna reconoce las prácticas indígenas, no se regula hasta “qué punto y zonas del país se aplica”.
“Lo que se tiene es una interpretación del alcalde, pero es casi una imposición arbitraria a personas a quienes no se le aplicaría ese régimen jurídico, porque no todos son del pueblo kaqchiquel. Es como si vinieran a Guatemala para aplicarle un castigo de otro país a un guatemalteco”, pone como ejemplo.
Remarca que aunque los pobladores fuesen todos de la misma etnia, tampoco se les puede obligar a participar en ciertas prácticas.
“Los líderes indígenas no tienen derecho a coaccionar a otras personas de grupos étnicos distintos, y ni aunque fueran del mismo grupo. Tenemos un principio de igualdad ante la ley. Hay que ver que por la falta de legislación, al alcalde se le está yendo la mano en su argumento”, destacó.
En contra
José Luis González Dubon, abogado de la Liga Pro Patria, opina que las autoridades indígenas están equivocadas con sus argumentos y no son derechos ancestrales, sino “hechos delincuenciales”, porque “nadie tiene más derechos que otro”.
“La Constitución dice que todos los guatemaltecos tenemos igualdad de dignidad y derechos”, precisó.
De acuerdo con el jurista, el Ministerio de Gobernación ha inclumplido con la orden de la Corte de Constitucionalidad para retirar los bloqueos y por tal razón el nuevo titular de esa cartera debe ser destituido.
Necesidad de consulta
Édgar Ortiz, también constitucionalista, coincide en que no hay una respuesta legal definida para este tema, porque es un asunto demasiado “complejo” y habría que efectuar una “consulta legal constitucional” para determinar si obligar a participar en las protestas y otras disposiciones caben dentro de las prácticas indígenas.
Asimismo, argumenta que la Carta Magna defiende los derechos de los pueblos indígenas y sus tradiciones, mientras que las cortes de justicia respetan incluso la aplicación de la justicia ancestral o maya.
“Se debería demostrar en un tribunal si, en efecto, esas prácticas —bloquear u obligar a la participación— son parte del derecho ancestral, si es compatible con los derechos humanos que consagra la Constitución, o si dice que hay que respetar la locomoción y la libertad de comercio”, concluyó.
