Algunas voces cuestionan por los hilos de las redes sociales ¿por qué los manifestantes protestan? Añaden que si nadie plantea la invalidez del proceso electoral ni impedimento alguno para la toma de posesión del presidente y la vicepresidente electos el próximo 14 de enero, ¿por qué siguen las manifestaciones?

Al mismo tiempo, a la ciudadanía se le informa que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sostiene reuniones para considerar, entre otras cosas, la posibilidad de estimar favorablemente las diligencias de antejuicio en contra de todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con base en una denuncia presentada por una parte interesada. La ciudadanía ignora los elementos factuales o técnicos que fundamentan esa denuncia que, indirectamente, derrama dudas sobre la validez e integridad del proceso electoral.

Otra perspectiva de esta coyuntura es que, habiendo acudido decenas de miles de ciudadanos voluntarios a servir a la sociedad en que viven y a sus instituciones electorales para lograr otro proceso electoral exitoso, su trabajo y sus afanes, de acuerdo con la denuncia presentada, no han valido para nada. Es más, son todos ellos algo así como “sospechosos”.

Todo ello, a pesar de que los resultados de la elección han sido oficializados por el órgano del Estado definido por la Constitución como la máxima y exclusiva autoridad electoral que ahora corre riesgo de ser sometida a un proceso penal.

En ese orden de ideas, algunos navegantes de las redes sociales, quizás desapercibidos de las posibles implicaciones de las acciones legales bajo consideración de la CSJ, o quizás porque sus actividades propias ya hayan sufrido mucho, piden a sus conciudadanos “tranquilidad y paciencia”.

Sin embargo, la crisis político-constitucional, realmente, no se ha movido. Por lo menos, no en la dirección deseable. Las negociaciones no han dado como fruto garantía alguna de que, en efecto, ninguna de las actuaciones legales del Ministerio Público en marcha tendrían efectos en contra de los resultados electorales, de la toma de posesión por los ganadores el próximo 14 de enero, de la viabilidad institucional de Movimiento Semilla (mientras el TSE, máxima y exclusiva autoridad en materia de organizaciones políticas, no decida lo contrario) y de que las autoridades electorales del proceso (juntas electorales y receptoras de votos) no serían afectadas.

Y, así, mientras dichas acciones prosigan su cauce es inevitable que proyecten una sombra perturbadora sobre la escena política nacional que, entre otras cosas, conduce a las manifestaciones públicas. También conduce a que la comunidad internacional exprese sus preocupaciones, a que los inversores reconsideren sus proyectos y, por supuesto, a que los ciudadanos teman por la supervivencia de la democracia en su país.

Está claro que es imposible llegar a un acuerdo unánime sobre todas las diferencias que puedan existir; sin embargo, debiera ser posible llegar a consensos sobre los temas fundamentales, a saber: un respeto incólume a la voluntad popular expresada en las urnas; como consecuencia de ello, a una transmisión de mando ordenada el 14 de enero próximo, que debe ocurrir a favor de los ganadores del proceso electoral y nadie más; un reconocimiento expreso de las competencias máximas y exclusivas del TSE en materia del proceso electoral y de los partidos políticos.

No se trata, pues, de nada especial, sino, simple y sencillamente, de lo básico para que la República de Guatemala pueda seguir siendo considerada un país democrático.