La estrategia para desmantelar la frágil democracia guatemalteca se fue dando por etapas. No es que la nuestra haya sido una democracia fuerte y consolidada, no. Tuvo y tiene enormes deudas pendientes que es preciso saldar para dar respuesta a las necesidades de la población que mayoritariamente vive en condiciones de exclusión y pobreza.

Pero lejos de hacerlo, los grupos de poder político y económico se han dedicado a socavarla y a demoler cualquier esfuerzo que suponga una amenaza para el sistema de privilegios, desigualdades e impunidad que siguieron manteniendo/consolidando/ampliando a lo largo de casi cuatro décadas desde la apertura democrática.

Y así, cada esfuerzo en contra del statu quo o de sus intereses (que vienen siendo más o menos lo mismo) es bombardeado/asfixiado/contrarrestado para volver al punto de partida o un poco más atrás.
Regresión, nunca avance. Algunos ejemplos: la reforma constitucional del 93 (retroceso); el NO en la consulta popular del 99 para refrendar los cambios a la Constitución emanados de los Acuerdos de Paz (retroceso); la sentencia condenatoria contra Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio anulada por la CC en 2013 (retroceso) y la lucha contra la corrupción y la impunidad impulsada por la dupla MP-Cicig interrumpida por la expulsión de la comisión internacional y el nombramiento de María Consuelo Porras Argueta como Fiscal General en 2018 y su reelección en 2022 (retroceso). A cada avance, una contraofensiva.

Y aquí estamos en pleno 2023 en el contrataque que pretende anular el resultado de la elección presidencial para evitar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomen posesión de sus cargos el próximo 14 de enero. Y es que a pesar de que tenían el sistema cooptado, habían sacado del juego a tres candidatos “antisistema” que según ellos suponían un peligro real para mantener el control del Ejecutivo, y desplegado una millonaria estrategia clientelar que incluyó la “compra” de alcaldes, el tiro les salió por la culata y la población les jugó la vuelta votando nulo y en blanco, lo que posibilitó que con un 11,8% el binomio del Movimiento Semilla se colocara en la segunda vuelta.

Ahora la historia se repite. Como el triunfo de Arévalo supone un peligro para el statu quo y abre la posibilidad de detener la regresión autoritaria que el Pacto de Corruptos estaba a punto de consolidar por la vía electoral, echaron de nuevo a andar la maquinaria de la regresión para bombardear/asfixiar/contrarrestar su asunción al poder.

La estrategia es disfrazar de investigación y “caso” penal un golpe de Estado y concretarlo por la vía judicial, aunque eso suponga sepultar nuestra agonizante democracia, desconocer la voluntad popular expresada en las urnas, violar la Constitución que mandata la alternancia en el poder y violentar los dos derechos que todavía les daban un barniz democrático: los de elegir y ser electo.

No necesitan dar un golpe clásico. Para qué, si tienen capturado el sistema de justicia, alineadas las altas cortes, cooptado el MP y desmantelado el sistema de pesos y contrapesos. Mantener en el cargo a Porras Argueta como fiscal general les garantiza que la estrategia golpista no va a parar, sin importar las consecuencias.

Pero ningún plan es perfecto. Se extralimitaron tanto —y lo siguen haciendo— al pretender desconocer el resultado de una elección y regresar al país a antes de 1985, que se fue gestando una respuesta popular que, por su amplitud y profundidad, se transformó en el principal factor para la salida de esta crisis.

El pueblo encontró los caminos guiado por la organización, la madurez y la dignidad de los 48 Cantones y otras autoridades indígenas y está empoderado reclamando la salida de los golpistas y abriendo la posibilidad a una nueva primavera democrática.