No hay peor necio que el que no desea admitir la evidencia de la verdad y prefiere copiar destructivas tesis fabricadas sobre datos erróneos, premisas incompletas, falacias discursivas y negacionismos obtusos. Tal proclividad por la mentira es propia de cábalas intolerantes, lesivos conflictos de interés o ilícitas confabulaciones en contra del bien común, que en su desbocada carrera pueden atentar contra la democracia y el estado de Derecho con pretextos en apariencia dogmáticos, pero a la larga incoherentes y, por ende, inviables. El más actual ejemplo de este pulso por la verdad es la difusión de infundios en contra de los resultados de los comicios del 25 de junio y 20 de agosto pasados, con los cuales se intenta desprestigiar, mediante aseveraciones indemostrables, un supuesto fraude electoral.

Debido a precedentes históricos de manipuleo de resultados en épocas de gobiernos militares, en los cuales se favorecían opciones allegadas a los oficialismos de turno, los constituyentes diseñaron un modelo de recepción, conteo y registro de votación manejado por los ciudadanos y para los ciudadanos. El Tribunal Supremo Electoral es el ente organizador, rector y garante de la voluntad ciudadana por ley de rango constitucional.

Cada junta receptora de votos en mesa es responsable de recibir sufragios y contabilizarlos, con la fiscalización de delegados de los partidos que formen parte de la contienda. A su vez, está la junta a cargo del centro de votación, la junta municipal y la electoral departamental, también integradas por ciudadanos al servicio de ciudadanos. Por eso es tan denigrante y nefasta la actitud de fiscales, diputados y politiqueros que gritan fraude, pese a que no hubo mayores impugnaciones en mesas y a la certificación de la misión de observadores.

En todo caso cabe cuestionar cuáles son las intenciones y los intereses subyacentes en la intentona de sabotear la decisión ciudadana bajo apariencia legal que no son sino arteras mañas de güizache, agravadas con discursos de polarización. Lo peor de todo es que se han violentado las cajas de papeletas y siguen secuestradas las actas de votación, que por fortuna fueron digitalizadas. Menos mal, porque hasta diputados señalados de corrupción afirman haber tenido acceso a dicho material y a las poco creíbles conclusiones de cotejos hechos lejos del ojo público.

Por eso reviste tanta significación y civismo el anuncio del Foro Guatemala, integrado por sectores sociales, iglesias, centros académicos, profesionales y ciudadanos acerca de cuatro distintos cotejos de los resultados de las elecciones, haciendo uso de las actas digitalizadas. Fueron cuatro metodologías distintas enfocadas en averiguar si había algún indicio del vociferado fraude. La conclusión es que no hay tales. Los números son sólidos y objetivos, las reglas del proceso electoral funcionaron y, sobre todo, la integridad de más de 25 mil ciudadanos es incuestionable.

Se atribuye al político estadounidense Abraham Lincoln la siguiente expresión: “Casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres poner a prueba el carácter de un hombre, dale poder”. Los discursos y las acciones de autoridades del Ministerio Público —con el aval de un juez específico— en contra de los resultados electorales constituyen precedentes lamentables que tarde o temprano serán eliminados del ordenamiento jurídico. La ciudadanía ha expresado repetidas veces su indignación y los funcionarios involucrados deberían renunciar a proseguir con tan inviables, injustificados y vergonzosos atropellos. La voluntad soberana del ciudadano se respeta.