Los denunciantes indicaron que el objetivo es que se logre la destitución del juzgador, debido a la supuesta filtración de información de una investigación que desarrolla el Ministerio Público (MP) contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Edgar Tuy, autoridad indígena de Sololá, explicó que algunos diputados han brindado declaraciones sobre el procedimiento de investigación aun cuando el MP ha indicado que se encuentra bajo reserva.
A decir del abogado Ramón Cadena, la ley permite que un juez establezca bajo reserva un proceso, pero no por más de 10 días, lo que representa una secretividad que afecta a las partes procesales.
Tuy agregó que el juez Orellana ha atenido “intromisión” en el proceso electoral, que es algo que no “está bajo su competencia” y hay posible abuso de autoridad.
Explicó que además de la denuncia, también exigen la renuncia o destitución del referido juzgador.
Según Tuy, la denuncia es por los allanamiento en el TSE relacionado a las actas que estaban bajo resguardo y por la investigación por el uso del Sistema Informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El abogado Ramón Cadena agregó que con la denuncia lo que buscan activar es el régimen disciplinario, “es decir, un juez es responsable penal, civil y disciplinariamente, entonces estamos activando el régimen disciplinario, el juez, de acuerdo a la ley de la Carrera Judicial, ha cometido serias y graves faltas y faltas gravísimas”.
Lo que buscan es que la junta disciplinaria determine “que este juez tiene que ser destituido, eso será materia de la Corte Suprema de Justicia por ser un juez de Primera Instancia, cuando se trata de magistrados debe ser el Congreso el que destituya”.
Dijo que denuncian supuesta filtración de información porque “es muy grave”; además, enfatizó el secretismo.
“¿Quién está filtrando información? El juez debería de velar por eso, pero por el otro lado el secretismo al proceso afecta las partes procesales y hace variar las formas del proceso, esa es otra causa grave que está cometiendo el juez Orellana”, explicó en abogado.
Indicó que de avanzar la denuncia, podría haber una destitución del juez por “haber cometido una falta gravísima”.
Guatemala cumple 16 días de manifestaciones en las que guatemaltecos piden la renuncia del referido juez, de la fiscal Consuelo Porras, y del fiscal Rafael Curruchiche por las acciones efectuadas con relación al proceso electoral.
Abogado Ramón Cadena
Edgar Tuy, autoridad indígena de Sololá