Lo que tanto se temía llegó: la muerte de un guatemalteco en el contexto de los bloqueos viales que en su tercera semana causan molestia, pérdidas económicas y dificultades logísticas casi inéditas. Individuos armados dispararon contra manifestantes apostados en cuatro cierres carreteros. En Orizaba, Malacatán, San Marcos, se registró un enfrentamiento que tuvo como reacción un ataque a balazos que dejó cuatro heridos y un occiso.

Hubo otras tres reyertas protagonizadas por particulares y supuestos pilotos de camiones o buses, en Mazatenango, Chimaltenango y El Asintal, Retalhuleu. Algunos de ellos utilizaron gorros pasamontañas, blandían machetes o exhibían armas de fuego ante la notoria pasividad de las fuerzas policiales, que en lugar de intervenir para calmar los ánimos se quedaron impávidos. En todo caso, los decesos crispan todavía más un ambiente cargado de tensión. Por un lado, persiste la demanda de manifestantes para que renuncie la fiscal general, Consuelo Porras, y por el otro es innegable la molestia de miles de ciudadanos cuyos trayectos al trabajo, citas médicas, entregas de mercadería u otros destinos se ven interrumpidos por las barricadas, cuya ilegalidad fue dictaminada por la Corte de Constitucionalidad.

El actuar de las fuerzas de seguridad ha privilegiado el diálogo, con lo cual se han conseguido lapsos en los cuales los manifestantes liberan la vía. Además, en su última alocución, el presidente Alejandro Giammattei propuso liberar al menos un carril en cada sentido en tramos viales importantes. Pero conforme se han ido sumando otros grupos, con consignas parecidas, instalación de barricadas o aparentes tomas de instalaciones, el panorama de mediación se vuelve más complejo.

Causa inquietud el actuar impune de individuos armados y resulta injustificable que hayan perpetrado ataques a plena luz del día. Lo más paradójico es que estos crímenes, en lugar de intimidar, pueden llegar a polarizar posturas. Ello no resta un ápice de ilegalidad al hecho de coartar la libertad de locomoción a miles de personas, pero en todo caso debería apresurarse el diálogo para establecer compromisos en favor del bien común, de la productividad económica y de la prevención para evitar hechos de violencia similares en otras regiones.

En todo caso, este tipo de actos pintan de cuerpo entero la disfuncionalidad del sistema de justicia. Ayer, el Ministerio Público pidió a la Corte de Constitucionalidad dictar la destitución del ministro de Gobernación, David Barrientos, por no proceder con los desalojos. El funcionario y los mandos policiales han tratado de dialogar con manifestantes en varios puntos de bloqueo y en ocasiones han desplegado pelotones antimotines y utilizado gases lacrimógenos, quizá para evitar desenlaces fatales de uno u otro bando. Es irónico que dicha remoción sea solicitada por el Ministerio Público, a cuya titular le piden la renuncia los manifestantes y también otros sectores nacionales.

El titular de la cartera deberá ser citado y oído por la Corte de Constitucionalidad antes de cualquier resolución. Por otra parte, el máximo tribunal tiene otras resoluciones previas pendientes, respecto de impugnaciones a ciertos contenidos de la Ley contra el Crimen Organizado o la del Ministerio Público, de cuyo fallo dependen posibles vías legales para solucionar el actual laberinto de potestades generado por una aplicación inviable de leyes penales en el ámbito electoral.