La Organización de Estados Americanos (OEA) ha enviado misiones a Guatemala para constatar la situación, la problemática ha sido discutida en cinco ocasiones por la Asamblea General. En la más reciente, celebrada martes de la semana pasada, al menos 14 países fijaron una postura de preocupación por las acciones que ha tomado la Fiscalía.
A la par de la OEA también hay un rechazo hacia el actuar del MP por parte de EE. UU. y la Unión Europea.
El referido organismo, al cual pertenece Guatemala desde su creación —1948—, ha puesto en marcha lo que le permite la Carta Democrática. El artículo 18 dice que cuando en un estado miembro se produzcan situaciones que puedan afectar procesos institucionales democráticos, el secretario general o el Consejo Permanente podrá visitar al país en cuestión, con el consentimiento del gobierno, para analizar la situación.
El artículo 20 de la Carta Democrática dicta que, de producirse una alteración del orden constitucional, cualquier estado miembro o el secretario general podrá convocar al Consejo Permanente para adoptar las medidas que estime conveniente, y que pueden incluir gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad.
El 21 es más severo y permite la suspensión de un país de la organización toda vez la Asamblea constate que se produjo la ruptura del orden democrático en un país y que las gestiones diplomáticas para restablecerlo han resultado infructuosas.
Estos artículos ya se han comenzado a implementar; sin embargo, el panorama no parece aclararse en el país. Quince días seguidos de manifestaciones y bloqueos no han hecho que Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana —funcionarios que la población acusa de socavar la democracia— renuncien.
¿Qué resta?
Analistas coinciden en que, si por cualquier causa Bernardo Arévalo no asume la Presidencia el próximo 14 de enero se podría suspender al país del organismo.
¿Pero qué implicaría esto para el país? Hasta hoy, la OEA solo ha llegado a tal extremo en 2009 cuando se produjo un golpe de Estado militar en Honduras en contra del presidente Manuel Zelaya. Antes de eso, en 1962 había suspendido a Cuba, país que después se rehusó a reintegrarse, cuando en 2009 el organismo levantó la suspensión.
Venezuela y Nicaragua se retiraron del organismo por decisión propia, el primero en 2017 y el segundo en 2022. Hay un consenso regional de que ambos países dejaron de ser democráticos y pasaron a ser autoritarios bajo el poder de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega, respectivamente.
Luis Felipe Polo, profesor de la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad Rafael Landívar, considera que una suspensión de Guatemala de la OEA podría darse en caso el Consejo Permanente ve que un retroceso democrático “gravísimo”.
Para esto se debería convocar a una Asamblea General donde la decisión la tomarían las dos terceras partes de los países miembros, es decir, 24 votos.
Polo reconoce que, aunque estos votos podrían subir al concretarse un rompimiento del orden democrático en Guatemala, algunos países no necesariamente votarían a favor de suspender al país porque también tienen democracias frágiles y “no querrán hacerle algo que más adelante le puedan hacer a ellos”.
El especialista remarca en que una suspensión de la OEA traería consecuencias “desastrosas”.
En primer lugar, advierte, dejaría de tener opción a préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —que es parte del Sistema Interamericano— y probablemente del Banco Mundial. Además, muchos países podrían repensar sus relaciones diplomáticas y económicas con Guatemala, y empresarios pensarían dos veces invertir en una nación que no tiene certeza jurídica.
Las inversiones se alejan de las naciones que no son democráticos, añade Polo, lo que trae como consecuencia menos empleos, y más temprano que tarde, el incremento exacerbado de la migración, tal como ha sucedido con Venezuela y Nicaragua, desde que sus democracias se deterioraron.
La imagen política del país también se vería afectada puesto que, desde el retorno a la democracia en 1983, en todos los procesos electorales ha habido una tradición de respetar el voto y el traspaso de mando. “Pero hoy lo que se hace es atacar la democracia ya de por sí muy débil”, concluyó Polo.
Causas
Por aparte, Pablo Rangel, internacionalista y catedrático universitario, expuso que el gobierno de Alejandro Giammattei ha cuidado las formas, de tal manera que han vendido la idea de que no quebrantan la democracia y que no están involucrados en el “golpe en cámara lenta”.
Por tal razón, por el momento, no cree que Guatemala sea suspendido de sus derechos políticos en la OEA, sin embargo, advierte de que pueden ocurrir hechos que para que el organismo lo considere.
Entre estas, si no se detienen las acciones del MP que violentan las instituciones democráticas, en este caso el TSE; que se decrete un estado de excepción para reprimir las manifestaciones o encarcelar a rivales políticos; o que ocurra cualquier acción que impida a Bernardo Arévalo asumir el cargo el próximo 14 de enero.
“Hace falta un poco más para que se retire a Guatemala de este organismo, aunque esto no quiere decir que no se hayan cometido atrocidades en contra de la democracia”, puntualizó Rangel.
Misión
Polo dijo que la misión de conciliación que permanece en el país debe hacer un informe cuanto antes y evitar ser utilizada por el Gobierno para alargar la crisis política. “No hay mucho que mediar, ni negociar, porque ya se sabe quiénes son los jugadores y cuáles son sus demandas”, manifestó.
“El informe debe elaborarse y presentarse lo antes posible a donde corresponda porque voluntad del poder Ejecutivo —de terminar la crisis— no hay, ni de la fiscal general —Consuelo Porras— de dejar el Ministerio Público”, añadió.
Polo sugirió que la OEA continúe en el país para convocar a un proceso de diálogo entre las autoridades electas y los partidos políticos para establecer una agenda mínima de leyes y acciones que garanticen la gobernabilidad.
