Los errores políticos son más fáciles de amortiguar cuando se tiene mayoría significativa de apoyo ciudadano, y más complicados de absorber cuando se está en precariedad.

En esta situación convulsa, el presidente electo ha cometido algunos, fáciles de evidenciar y con grave incidencia en la dinámica político-social del momento, lo que repercute en pérdida de confianza. El primero fue asistir a la reunión de Grupo de Puebla, consorcio de personajes de marcada izquierda latinoamericana. El segundo -interpretando un tuit de Luis von Ahn-, viajar a Washington en avión pagado por el empresario guatemalteco residente en los USA, y lo coloca en el punto de mira de quienes siempre han criticado el uso de medios “donados” por empresarios, aunque en este caso hay un sospechoso o cómplice silencio mediático. Otro ha sido alentar, promover y aplaudir la protestas, pero sobre todo los bloqueos que se han transformado en espacios violentos de reivindicaciones politizadas: lucha de clases sociales, indigenismo, pobreza, desigualdad y cuestiones muy alejada de la solicitud de dimisión de la Fiscal General, que era el origen. El cuarto, promover, desde los USA y con apoyo oficial de políticos de aquel país, ataques velados a sectores empresariales, mensaje que, a pesar de las declaraciones de todos ellos, sigue siendo un arma arrojadiza por parte de algunas autoridades norteamericanas y ruidosos personajes afines a esa política falaz e insidiosa. El último, la propuesta del partido Semilla —incluido el presidente electo— de un proyecto de ley para apoyar a desplazados internos, cuyo artículo 30 contempla la desjudicialización de casos que impliquen a personas denunciadas por ocupación de propiedades, es decir a los invasores de fincas y propiedad privada. Hay una equivocada percepción del poder real con el que cuenta el gobierno electo, al tomar la parte por el todo, sin que corresponda a la realidad, lo que ha podido generar un falso triunfalismo o, como vulgarmente se dice, un “atracón de poder”. Todos los partidos políticos tienen su ala radical, y de momento Semilla refleja más esa postura que la moderada, dialogante y equilibrada del binomio presidencial electo, y eso tiene su costo político que puede afectar gravemente al partido.

Semilla tiene una veintena de diputados —14.4%—, fuerza que los ciudadanos libre y democráticamente le otorgaron en las pasadas elecciones generales, al igual que únicamente con dos alcaldes. El binomio presidencial ganó por dos factores concurrentes: la alternativa —Sandra Torres— y la oferta de luchar contra la corrupción, gran valor agregado del presidente electo. Semilla no tiene representación popular mayoritaria —error presentarlo así—, sino que Arévalo dispone de una mayoría relativa —por el porcentaje del total— fundamentalmente para combatir la corrupción.

Por lo tanto, la carencia de una amplia mayoría contrasta con los errores cometidos que no serían tales si realmente contasen con ese voto ciudadano mayoritario que les fue negado en el Congreso: representante de la soberanía nacional, aunque no en la Presidencia, representación de la unidad nacional, dos conceptos distintos que se confunden y alteran. Quizá sea por eso por lo que no se llevan las actuales reivindicaciones al Congreso —donde debería abordarse la discusión—, sino que se prefiere hacer en las calles, donde el ruido no siempre se corresponde con la correlación de fuerzas votadas libremente en la urnas hace apenas tres meses. Si a eso sumamos que lo s tradicionales partidos políticos de izquierda: URNG-MPL (Codeca)-Winaq serán anulados por no tener representación o apenas cuentan con uno o dos diputados, se puede entender la deriva temática hacía la lucha ideologizada que complica la realidad de la confrontación contra la corrupción y genera desconfianza y suspicacias que deben de transparentarse.