Informaron que ante algunos actos de vandalismo que se suscitaron este, como autoridades indígenas hacen saber al pueblo de Guatemala, que durante ocho días consecutivos han efectuado “protestas de forma pacífica, ordenada y con respeto, permitiendo el paso de vehículos de salud, ambulancias, de emergencia, personal médico o personas en situación de vulnerabilidad”.
Agregaron que desde el pasado martes 3 de octubre “fueron develados los planes de la fiscal general Consuelo Porras, de criminalizar la legitima protesta” que están ejerciendo, lo que ha originado provocación con grupos de choque, “como el intento fallido que tuvo el grupo de choque que extorsiona a los vendedores honestos del mercado La Terminal, el pasado 4 de octubre, o a través de la contratación de grupos que realicen actos vandálicos para justificar la represión de la población”.
Según los 48 Cantones, “llama poderosamente la atención” que la noche del domingo 8 de octubre, el ministro de Gobernación en su mensaje a la Nación “se refiriera al uso de la fuerza en caso de actos vandálicos, como si supiera que hoy pudieran darse alguno o algunos”.
Además, la mañana de este lunes la fiscal general Consuelo Porras, “con un total cinismo y burla al pueblo de Guatemala emita un mensaje similar”.
“Por tanto, condenamos enérgicamente los actos de vandalismo y violencia, que puedan generar grupos de afines a la fiscal general y al pacto de corruptos para intentar criminalizar nuestra legitima protesta”, señalaron en el comunicado.
Pidieron a la población que se encuentra ejerciendo su derecho de manifestación, identificar estos grupos y solicitar a la Policía Nacional Civil que proceda a someterlos al orden.
“Sigamos adelante, de forma pacífica y con respeto, no permitamos que los golpistas empañen nuestra lucha por la defensa de la democracia”, indicaron.
La noche del domingo 8 de octubre, el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, en un mensaje en redes sociales indicó que a ese ministerio le corresponde cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico “relativo al mantenimiento de la paz y el orden público y la seguridad de las personas y sus bienes”.
Añadió que se ha observado “con suma preocupación el aumento de actos intimidatorios y vandálicos por grupos de personas que valiéndose del derecho constitucional de reunión y manifestación han limitado a los ciudadanos en su derechos humanos más importantes”.
Indicó que se ha privilegiado el diálogo, la mediación y el respeto de los derechos humanos.
