Para nadie constituyen un secreto los nexos, evidentes o tácitos, que rodearon la designación de los magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad (CC) en marzo de 2021. Pero desde aquel entonces las polaridades políticas han variado y también el escenario de poder, de cara al relevo de gobierno. De hecho, la CC se encuentra a la mitad de su período y en medio de la peor crisis política nacional desde el autogolpe de Jorge Serrano Elías, hace 30 años. Curiosamente, el Serranazo intentó eliminar de un plumazo instituciones gubernamentales claves, y ahora el Ministerio Público y un juez penal asedian al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en medio del mutismo presidencial y legislativo, de la Procuraduría de Derechos Humanos y del propio Organismo Judicial.

La Fiscalía justifica la pesquisa con una supuesta denuncia respecto del pago de deuda electoral, cuyo monto depende de los resultados obtenidos por cada partido en las elecciones. Se trata de una materia que claramente compete al TSE como máximo rector de los comicios y la actividad partidaria, por diseño constitucional. Allí es donde entran los vericuetos legaloides que intentan vender tales acciones como un asunto penal, sin serlo. Ya que no funcionó la cancelación del partido ganador de la Presidencia, por estar vigente el período electoral, mentes leguleyas buscaron un atajo a todas luces inviable.

Quizá sea por eso que la CC tarda en aclarar el recurso de competencia solicitado por los magistrados del TSE, porque sabe que —según taxativos artículos de la Carta Magna y de la Ley Electoral, de rango constitucional— toda duda, impugnación o denuncia respecto del proceso y resultados electorales es de su exclusiva y suprema competencia, que el MP ha irrespetado.

Quizá la CC ha tardado más de dos semanas en definir esta definición de competencia porque hay actos de la Fiscalía que no tienen precedentes y que no deberían sentarse. Específicamente se debe señalar la violación de cajas con papeletas y el aparatoso secuestro de las actas 4 y 8 de los comicios, cometido en la sede del TSE el sábado último, con todo y barricadas policiales, fiscales enmascarados, afán por llevarse los originales, irrespeto a la investidura de los magistrados del TSE y, por si fuera poco, intimidaciones de parte de entes paralelos a comunicadores, por ejercer la libre emisión del pensamiento y asegurar a la población el acceso a las fuentes de información al transmitir en vivo semejante atropello.

Ciudadanos, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, universidades, unidades académicas de la Usac no plegadas al rector oficialista, la Conferencia Episcopal, centros de análisis y migrantes guatemaltecos en Estados Unidos se han ido sumando a la exigencia de que la CC cumpla con su deber de salvaguardar la democracia y el estado de Derecho a través de la resolución de un recurso de Competencia que nunca debió necesitarse pero ahora será un parteaguas.

Los bloqueos viales dañan la economía y atentan contra la libre locomoción de todos los guatemaltecos, por lo cual sus promotores deben levantarlos. Cuentan ya con legítimos derechos de petición, de protesta y libre expresión para plantear sus demandas. En todo caso, la CC no tiene seis meses para resolver, como ocurrió con los estatutos olímpicos. Su resolución se necesita cuanto antes, para evitar mayores complicaciones. No puede endosarla a nadie ni puede hacer un gallo-gallina, porque su única fidelidad ahora es con la democracia y el pueblo de Guatemala.