El alquiler de edificios para albergar oficinas de funcionarios o dependencias públicas puede ser una necesidad para brindar mejor accesibilidad al público o a los trabajadores. El crecimiento de la burocracia y el surgimiento de dependencias estatales ha expandido la demanda de espacios inmuebles. En todo caso, para su contratación deben mediar criterios de conveniencia en la ubicación, un costo razonable en un mercado competitivo y la transparencia para la realización de convocatorias de licitación y adjudicación.

Por eso es llamativo el caso de un edificio inconcluso que fue contratado por el directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap) para trasladar sus oficinas centrales, que actualmente se encuentran en la calzada Roosevelt, zona 7 capitalina. El contrato estipula que el alquiler corre a partir de junio pasado, pero el inmueble todavía está en construcción y remodelación. Aún no se han hechos pagos, pero ello no elimina las inconsistencias que rodean el negocio.

El edificio en cuestión pertenece a una inmobiliaria denominada Zabla Bussiness Center, cuyo nombre figuró en un expediente de propuesta el 20 de febrero de este año, pese a que en ese momento aún no estaba constituida. El 24 de ese mes se aprobó la propuesta de arrendamiento y se dictaminó que el inmueble reunía las condiciones para albergar las oficinas del Renap. En marzo se registró la empresa Zabla y en junio se firmó el contrato con un representante legal que había sido nombrado solo dos semanas antes. El Registro se comprometió a pagar Q41 millones por utilizarlo durante 35 meses, los que supuestamente ya están contando. De hecho se anunció que el traslado es inminente.

No se documentó la evaluación de otras opciones ni se hizo un concurso público. Según el directorio del Renap, el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que cuando se trate de un cambio de sede, no existe obligación de licitar o cotizar. Menuda excusa. El caso es que tanta prisa por favorecer a una inmobiliaria en específico despierta la ojeriza de cualquiera, y luego de la nota publicada en Prensa Libre, la Contraloría General de Cuentas comenzó la inspección de todo el proceso.

También existen obvias razones de utilidad pública. El Renap presta un servicio esencial a la población y su sede central recibe afluencia constante. El edificio seleccionado —o preseleccionado— se encuentra en un área poco accesible para las personas que no cuentan con vehículo, en una arteria que se verá posiblemente congestionada y en un área que se convertirá en zona de ventas de comida y servicios de trámites. Quienes lleguen en automóvil no contarán con suficientes parqueos próximos. De hecho, el inmueble no tiene ni siquiera estacionamiento para los empleados, quienes ahora exigen un servicio de bus, que implicará otro costo a cuenta de los contribuyentes.

Durante la visita de Prensa Libre se observó a trabajadores instalando el cableado eléctrico y efectuando algunos acabados. El edificio tiene un costo estimado de Q28 millones, por lo cual el monto del alquiler representará un auténtico loteriazo para los propietarios, quienes cubrirán su costo en dos años. Debido a que no existe evaluación de alternativas para el traslado, no queda más que pensar en una decisión tomada con algún interés oculto, o bien una adjudicación sin criterios de conveniencia, impacto y funcionalidad.