Lamentablemente, la fiscal general, Consuelo Porras, ha conducido al Ministerio Público a niveles de acción que constituyen una afrenta a la ciudadanía guatemalteca. El abuso de poder y la discrecionalidad ejercidos no tienen precedentes ni respaldo legal. El epítome de este proceso de deterioro fue el abusivo secuestro de las actas electorales originales de los comicios del 25 de junio y 20 de agosto, perpetrado ayer con una orden emitida por el aquiescente juez Fredy Orellana. Este Sábado Negro atenta contra todo el entramado institucional guatemalteco, por inédito, por violento y por injustificable, debido a que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral.

La Corte de Constitucionalidad prácticamente abdica de su misión: salvaguardar con celeridad al estado de Derecho y la democracia. Elude su deber al endosar peticiones de amparo a una Corte Suprema de Justicia que está a 15 días de llegar a su cuarto año de período extraordinario, gracias a la desidia y convenencerismo del oficialismo legislativo.

La CSJ acumula varias acciones legales sin resolver y también ha desestimado otras que bien podrían poner coto a los abusos de un juez cuestionado. Aún así podría redimirse para la historia con una sola acción legítima, amparada en las garantías constitucionales que su hermana mayor se niega a salvaguardar. La CC tiene todavía una oportunidad: resolver el recurso de competencia que fue sometido a su consideración el 13 de septiembre y sobre el cual aún no dictamina, a pesar de la gravedad de los sucesos.

Vale calificar de cobarde y artera la postura de la mayoría de partidos políticos que con su silencio y pusilanimidad quedan pintados como lo que son: armatostes electoreros a los cuales solo les interesa sacarle raja al clientelismo, prolongar codependencias antidemocráticas e indignas, y, por supuesto, el tráfico de favores e influencias. La propia Universidad de San Carlos, otrora casa del saber con sentido de servicio y labor académica con responsabilidad social, se ha convertido en cero a la izquierda bajo el régimen de un rector electo en medio de irregularidades.

No obstante siguen en aumento las expresiones de repudio a los abusos cometidos en nombre de una soberanía que ha sido literalmente secuestrada. Grupos sociales, sector indígena, universidades privadas, empresariado organizado, iglesias, prensa independiente, instituciones internacionales y países amigos figuran entre las voces estentóreas que demandan acciones inmediatas para el retorno a la senda democrática. Con acierto, los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal de Guatemala califican estas horas que vivimos como “las más difíciles desde hace 30 años”, porque “el estado de Derecho está siendo subvertido”.

Finalmente cabe pedir el fin del silencio del presidente Giammattei Falla, quien el 14 de enero de 2020 juró proteger la Constitución y sus garantías. Sobre todo porque fueron fuerzas policiales las que cercaron la sede del TSE durante el despojo de actas. Este es el momento de las definiciones y para empezar se puede afirmar que esto no es Nicaragua, aquí es Guatemala, en donde la democracia ha resistido duras pruebas y saldrá avante de este embate.