La solicitud fue interpuesta en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “por la posible comisión de los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad” por los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes, dijo el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón.
Respecto a esos señalamientos, los magistrados dijeron en conferencia de prensa que estos son de carácter administrativo y que nada tienen que ver con el desarrollo de las elecciones como tal, pues al utilizar la palabra fraude se genera confusión en la población.
“Esta acción que se plantea pues no tienen ninguna incidencia en los resultados electorales, también entendemos que los supuestos delitos en los que se basa esta solicitud se refieren a abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude, pero hay que aclarar a la población que este fraude nada tiene que ver con las elecciones, esto se refiere a un tema de ejecución de fondos públicos”, dijo el magistrado Gabriel Aguilera, quien añadió que no se oponen a la fiscalización.
La presidenta del TSE, Irma Palencia, por su parte dijo que analizan que acciones tomarán ante la solicitud de retiro de la inmunidad, una acción que calificó como un “juicio político”; además, dijo que saben que hay otras cuatro denuncias en curso, las cuales podrían convertir en antejuicios.
“Tenemos conocimiento que hay otras cuatro denuncias, nosotros solo hemos sido notificados de las dos que ya son antejuicio; sin embargo, como ha habido tanta solicitud o requerimiento del Ministerio Público porque son cuatro fiscalías nos preocupa y nos causa incertidumbre”, dijo Palencia.
Palencia dijo sobre la compra del Trep que a “nosotros en electoral la ley nos faculta para que podamos hacer estos procedimientos de compra por excepción” y detalló que se inclinaron por la empresa que vendió más caro porque es la que ofreció mejores garantías.
Además, dijo que el MP los señala de no haber supervisado el uso del sistema el día de las elecciones, a lo que respondió que el TSE no es un ente supervisor y por lo tanto todo el proceso electoral estuvo a cargo de ellos y todo el personal a su cargo.
Los magistrados aseguran que los procesos legales les consumen tiempo y se afecta al calendario electoral.
“Como máxima autoridad en materia electoral de la República, el TSE reafirma que se cumplió de manera estricta con toda la normativa vigente aplicable, en la adquisición del programa informático del Trep, su implementación y la logística requerida para su correcto funcionamiento. Se aplicaron los principios de publicidad y de transparencia, tal como se demostró en los simulacros efectuados previamente a la primera y segunda elección. No existen irregularidades ni ilegalidades”, dice además un comunicado del TSE.
Agrega que “la implementación del TREP y su uso en las elecciones generales del 25 de junio y en la segunda elección presidencial del 20 de agosto, contó en las diferentes fases del proceso con la supervisión, control y coordinación institucional a cargo de autoridades, profesionales y especialistas de la Dirección de Informática del TSE”.
Además, detalla que “los datos del TREP tienen un carácter eminentemente informativo y no son vinculantes al escrutinio y resultados oficiales de la votación, que están basados en documentación física y verificable, y en el trabajo responsable de los organismos electorales temporales con la participación directa de los fiscales de las organizaciones políticas, por lo que se debe reconocer que las Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales y Juntas Receptoras de Votos, cumplieron sus atribuciones con responsabilidad, compromiso y patriotismo al custodiar el voto de la ciudadanía”.
