Uno de los riesgos de tener un período de transición entre gobiernos que toma cuatro meses a partir de la segunda vuelta electoral es que las autoridades en funciones aún tienen tiempo suficiente para meter “goles” a las nuevas, introduciendo medidas en este último período que lo único que harán es poner en problemas desde el arranque a la nueva administración. ¿Lo hacen por mala fe? ¿O simplemente es inevitable que algunos procesos tomen más tiempo en fraguar y la conclusión se va dando hasta en los últimos meses de la gestión? Será hasta que la nueva administración asuma en enero 2024 que podrán hacer auditorías de proceso y diferenciar.

El mayor riesgo es que estas medidas pueden perjudicar a la población y los responsables ya no estarán allí para hacerle frente al problema. Fácil “echar la culpa” a los nuevos. Por eso, una de las tareas de la transición, especialmente en el actual clima político, es tratar de identificar ese tipo de “bombas de tiempo” que se pueden estar plantando ahora.

Un ejemplo de “bomba de tiempo” sembrada ahora y que puede explotar entre enero y febrero 2024 es la decisión del Mineduc de cambiar en septiembre de su último año de gobierno los criterios para contratar a maestros en el renglón 021, parte muy importante del procedimiento que ha estado vigente por casi dos décadas y que afecta a unos 20 mil docentes, por lo que cambiar los lineamientos de contratación de estos maestros en el último cuarterón del gobierno saliente es realmente delicado, además de ser una clara muestra de incompetencia, puesto que en tres años nueve meses de gestión no lo pudieron hacer si pensaban que era necesario. O ¿quieren acaso dejar atizado el fuego de la ingobernabilidad en un sector que fue de los más afectados por las medidas adoptadas durante la pandemia de covid-19? ¿Dónde ya se ha documentado el gigantesco abismo de rezago de aprendizaje que se profundizó estos últimos tres años? Un gobierno que recién entra no tendrá condiciones para generar rápidamente un nuevo reglamento de contrataciones; es más, tampoco debería tener que hacer a la carrera instrumentos de gestión tan importantes como este.

Por ende, cada entidad debería entregar la lista precisa de contratos, acuerdos, convenios y compromisos que se han firmado o está previsto firmar entre junio a diciembre de 2023, o los primeros días de enero 2024. También, renovaciones de acuerdos internos o de convenios colectivos con los sindicatos o con otras instancias. No se trata de limitar el ejercicio de los salientes, pero sí de anticipar los retos más inmediatos que tendrán los de la nueva administración al asumir, especialmente en temas tan sensibles como las contrataciones.

Hay también otro tipo de “goles” de último minuto como, por ejemplo, firmar contratos que renuevan concesiones o las eliminan, especialmente si han sido polémicos durante toda la administración; cambios institucionales que eliminen o creen entidades o cambien normas en los ministerios, que les tocará a los nuevos implementar. O despidos o contrataciones, especialmente si involucran a muchas personas, como es el caso del Mineduc.

Inevitablemente, también quedan siempre cosas por hacer, que a la mejor debieron ser hechas por la administración saliente o que requieren cumplimiento de tiempos específicos, y por eso le tocarán a la siguiente administración continuarlos para evitar, por ejemplo, desabastecimientos. Puede que cosas así no se entiendan como “estratégicas” para ser abordadas en la transición de gobierno, pero son esos procedimientos, muchos de rutina, los que más rápido se les complican a las nuevas autoridades si no los tienen en el radar.