El juez Bremer decidió ligar a proceso a González por considerar que existen indicios de que cometió irregularidades cuando laboraba como mandataria de la Cicig y decidió mantenerla en prisión preventiva.
Antes de conocer la resolución en su contra, González había denunciado que se trata de un caso de “persecución política” en su contra.
González seguirá en la prisión Matamoros, ubicada al norte de la capital guatemalteca, mientras el Ministerio Público (MP) avanza en la investigación en su contra. Para eso la Fiscalía tiene tres meses.
Pese a que la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y que una persona detenida conozca los cargos en su contra, González llevaba 25 días en prisión sin que eso ocurriera, por lo que su defensa señalaba que se trababa de una detención ilegal.
De esa cuenta, se presentó una exhibición personal a favor de González y aunque la Sala Cuarta de Apelaciones rechazó ese recurso le dio el pasado jueves 48 horas al juez Bremer para que resolviera la situación legal de la abogada, pues el juzgador había programado la audiencia para el 27 de septiembre próximo debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.
El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.
La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.
González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.
El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) considera que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la Constitución”, por lo que instaron al juez a que cumpliera la orden de la Sala.
En una carta publicada por Wola señala que González “sufre una detención injusta”, por lo que esperan que “recupere su libertad inmediatamente”.
Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.
Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.
Con información de EFE
