La Corte de Constitucionalidad ha solicitado información a todas las partes involucradas en la polémica por la cancelación del partido Semilla en pleno período vigente de comicios. Tras el pase a segunda vuelta del candidato Bernardo Arévalo, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la agrupación y el juez Freddy Orellana emitió una orden de suspensión al Registro de Ciudadanos, cuyo titular firmó finalmente bajo presión de ser procesado judicialmente; luego, el pleno de magistrados dejó en pausa el proceso de cancelación al menos hasta el 31 de octubre, cuando oficialmente concluye el proceso oficial de comicios.

Para los detractores de Semilla existen supuestos indicios de inconsistencias en las firmas de su comité proformación. Sin embargo, al partido no se le ha permitido analizar el expediente en su contra. Además existen argumentos legales acerca de la prescripción de la fase de objeción, pues el comité no existe y la organización política ha participado en dos procesos. En todo caso, la pesquisa de este u otros casos similares debió ser competencia de la Fiscalía de Delitos Electorales.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) se ha encargado de la acusación y de los aparatosos allanamientos vinculados con el caso. El epítome fue la inédita e inexplicada apertura de cajas con papeletas en el Centro de Operación Electoral del TSE. El jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, negó que hayan abierto las urnas para contar sufragios, pero no aclaró cuál era el objetivo de tal acción que violó la custodia del voto ciudadano, a cargo del TSE por mandato de rango constitucional. Un video evidenció a una fiscal efectuando un cotejo de papeletas presidenciales. Poco después de conocerse este video finalizó el operativo.

El pleno del TSE manifestó su desacuerdo al proceder de la Feci. La presidenta Irma Palencia ha reiterado que toda sanción en materia político-partidaria es potestad de ese tribunal. Aclara que no se resisten a la acción de la justicia, pero que consideran una extralimitación el actuar del MP y ven fuera de lugar las órdenes del juez Orellana, por lo cual plantearon un recurso de competencia ante el máximo tribunal constitucional.

A su vez, la Inspección General del TSE hizo esta semana un importante requerimiento de información al MP, acerca del avance de 71 denuncias presentadas desde 2020 a la Fiscalía de Delitos Electorales y a la Feci, en contra de varios partidos y figuras políticas por diversas transgresiones a la Ley Electoral. Si el MP tuvo tanta celeridad contra Semilla, también debe responder con prontitud y precisión acerca del avance de casos anteriores.

A partir de la notificación de requerimientos de información al MP, el juez Orellana, el TSE y los partidos en cuestión, los magistrados de la CC deben emitir un fallo que aclare taxativamente las competencias de cada entidad, lo cual podría, a la vez, marcar posibles ilegalidades de ciertas órdenes emitidas sin tener las potestades legales o dentro de un período en el cual es evidente la prohibición de suspender o cancelar una organización política. La CC está llamada a ser, como lo ha sido en otras épocas, el fiel de la balanza, sin más apego que a la Constitución y al pueblo de Guatemala que emitió su decisión soberana el 25 de junio y el 20 de agosto. Cualquier ambigüedad, parcialidad o cláusula que dé paso a discrecionalidades sería un golpe artero a la democracia, la institucionalidad y el estado de Derecho que tantas vidas y décadas han costado.