La iniciativa 6239 fue presentada por la oficialista Shirley Rivera, presidenta del Congreso, el pasado 18 de abril. Desde ese momento, la iniciativa caminó rápidamente y obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Gobernación de manera exprés, una semana después de haber sido entregada.
La propuesta de ley pretende regresar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el poder que perdió en el 2016, cuando la normativa fue reformada y se le dio vida al Consejo de la Carrera Judicial, como un órgano administrativo y paralelo.
En el 2016, el Congreso aprobó reformas a la Ley del OJ, de la mano de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Con la propuesta que ayer avanzó, la CSJ podrá nombrar, trasladar, ascender y suspender a jueces y personal de los tribunales de justicia, junto a otra serie de facultades administrativas que había perdido en el referido año.
También incluyen en su articulado que se derogue cualquier disposición que “contravenga” la nueva ley, lo que impide cualquier reforma que busque restar fuerza y poder al pleno de la CSJ, que está a menos de un mes de cumplir cuatro años de mandato extendido, porque el Congreso no ha elegido a sus sucesores.
Durante la sesión plenaria de ayer, la iniciativa avanzó en segundo debate, sin ningún tipo de obstáculo, y tan solo resta su tercera lectura y discusión por artículos y redacción final para que se convierta en ley.
Para algunos sectores, el debilitamiento del Consejo de la Carrera Judicial viene del 2021, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor de Silvia Patricia Valdés, presidenta de la CSJ, una acción promovida en el 2016.
Las futuras reformas a Ley del OJ tan solo vendrían a afinar los últimos detalles luego de las resoluciones constitucionales, sostienen algunos sectores.
Posturas opuestas
En la plenaria del miércoles, el tema no generó discusión entre los congresistas; no obstante, un día antes, los jefes de bloques sí discutieron por la iniciativa en cuestión.
Sonia Gutiérrez, jefa de Winaq, arremetió contra la propuesta. “Me preocupa que estemos impulsando agendas regresivas en materia de derechos humanos. Una de ellas es la 6239, que pretende reformar la Ley del OJ”, dijo.
Para ella, las reformas que se buscan impulsar vendrán a reducir los controles en el sistema de justicia.
“Preocupa, porque al debilitar la institucionalidad de la carrera judicial, por ende, debilitamos la administración de justicia que tanto se necesita impulsar en nuestro país”, indicó.
En respuesta, los jefes de los bloques Unionista y del Partido de Avanzada Nacional (PAN) defendieron la iniciativa de ley.
“Esta iniciativa busca un regreso a la constitucionalidad. De ninguna manera busca deshacer la carrera judicial, lo que busca es regresarle las facultades que la Constitución le da a la CSJ como máximo órgano del OJ”, defendió Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista.
La misma posición defendió Manuel Conde, del PAN, quien explicó que la ley actual contraviene la Constitución. “No puede haber un consejo por encima de una CSJ”, manifestó.
La presidenta del Congreso defendió su propuesta y rechazó las críticas de la oposición. “Se está regresando a la CSJ sus facultades; eso es lo que se está haciendo”, explicó.
“Es muy grave”
Aunque la CSJ obtuvo poder desde que la CC resolvió la inconstitucionalidad, en el 2016, la situación actual pondrá en una situación de indefensión a los jueces, según el análisis de Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia.
“Si no teniendo ese control del 2016 al 2022 ocurrieron cosas como hostigamiento y acoso a jueces como Éricka Aifán, Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano, en este momento los jueces quedan más desamparados todavía”, advirtió.
En este punto, prácticamente los jueces quedan en manos de una CSJ que ha sido cuestionada desde su origen, insistió Ibarra.
“Lo que está sucediendo por supuesto que es muy grave para la independencia del juez”, refirió Ibarra.
La Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads) ve un debilitamiento del sector justicia con los cambios y “muestran lo importante que es para la CSJ el manejo de algunos asuntos administrativos”.
