El adecuado marcaje y renovación de líneas blancas, amarillas o rojas, simples o dobles, sobre el asfalto de carreteras no es un detalle decorativo. Ciertas municipalidades utilizan el recurso para dar apariencia de “nuevo” a asfaltos viejos y parchados, pero esa es manida treta. Sin embargo, en rutas nacionales primarias o secundarias constituye un auxiliar indispensable para que los vehículos de todo tipo transiten el carril que corresponde y rebasen donde sea lícito. Para la conducción nocturna, sobre todo de transporte pesado y de pasajeros, puede significar la diferencia entre mantener el rumbo sobre el área pavimentada o desviarse hacia una cuneta o, peor aún, un barranco.

Sucesivos gobiernos y campañas electoreras han trivializado el objetivo de una red vial. En lugar de verla como un factor clave de competitividad y productividad, las prometen como un beneficio cortoplacista o lo aplican como una dádiva ulterior para contratistas ligados con diputados o alcaldes; en algunos casos es tal la desfachatez que los mismos constructores han buscado cargos para beneficiarse o adjudicar sin pudor alguno obras a familiares o socios. Poco les importa la calidad, los acabados o la seguridad vial integral.

Es creciente la longitud de rutas reconstruidas o recapeadas, a costos ignotos, que carecen del debido y obligatorio marcaje de líneas de carriles y bordillos, señalización de curvas, instalación de reflectores y de vallas de seguridad en curvas o pendientes peligrosas. Se desconoce si la causa de este abandono es un falso “ahorro” de recursos o si ya se pagó por tales marcajes pero no se han efectuado. Entidades como la Unidad de Conservación Vial (Covial) o la Dirección de Caminos deberían encargarse de esta auditoría constante.

Han sido citadas al Congreso autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para ser cuestionadas por esta señalización vital. Estas endilgan la labor al Ministerio de Comunicaciones y este, a su vez, sigue recapeando a lo burdo. Una peligrosa carretera negra es a lo que se enfrentan miles de conductores diurnos y nocturnos, lo cual constituye un peligro público creciente. Pero ninguna autoridad estatal pone cuidado.

Basta ver cómo la mayor parte de la autopista Palín-Escuintla, cuyo tráfico de vehículos pesados se ha multiplicado gracias a una gratuidad demagógica y carísima del gobierno de Giammattei Falla, es una vía oscura, sin marcaje de carriles ni orillas, mucho menos los reflectores lumínicos que poseía de punta a punta cuando era de peaje. Pero no es la única en ese estado. La circunvalación entre Siquinalá y Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, largos tramos de la ruta Interamericana y de la carretera a El Salvador, entre otros, han recibido su cuota de asfalto electoral pero nada más.

Es indigno e injusto para la ciudadanía el abandono de la obligación de brindar infraestructura vial segura, confiable y acorde a estándares mundiales de conducción, sobre todo por existir un impuesto a los combustibles que supuestamente garantiza ese servicio. Gobernante tras gobernante, funcionario tras funcionario, vocero tras vocero se llenan la boca diciendo que en su período se alienta la competitividad, que el avance no se detiene, que se apoya el turismo, pero los visitantes nacionales y extranjeros deben enfrentarse a rutas tenebrosas, carentes de la mínima señalización. Sí, puede haber conductas y actitudes viales imprudentes que causen riesgos, pero también pesa la mediocridad de quienes están a cargo de brindar una línea blanca que puede marcar la frontera entre la vida y la muerte.