Un documento “duro y directo” es la principal respuesta que brindan politólogos acerca del contenido del informe que presentará la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) este lunes, y que revelará la situación de Guatemala.
Alrededor del mediodía está previsto que se realice la reunión en el salón Simón Bolívar del edificio de la OEA, con sede en Washington D.C., EE. UU., y el detalle será conocido por parte del mismo secretario general, con los resultados de su visita.
Hay precedentes de preocupación por la crisis política en Guatemala, que han sido expresados por los miembros de la asamblea, y ahora podría manifestarse aún más con lo que expondrá Almagro, coinciden analistas consultados por Prensa Libre.
Posiblemente las últimas acciones que llevó a cabo el Ministerio Público (MP), en particular el allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope), así como la apertura de las cajas que resguardaban los votos por parte de fiscales, sea un punto crítico que se destaque en el informe, y que de ahí deriven otras posibles consecuencias, agregaron los politólogos.
¿Qué se espera?
A la pregunta ¿qué se espera del informe?, Renzo Rosal, analista político independiente, declaró que si bien se había llevado el tema de Guatemala en momentos críticos a la OEA, no se habían presentado los últimos acontecimientos ni se habían abierto las cajas de las boletas, no se había dado un mensaje “duro y virulento” del MP, dirigido particularmente al gobierno de Estados Unidos, “y eso le da una tonalidad de más fuerte el mensaje, más duro, contundente”, consideró.
Además, Rosal hizo ver que la preocupación ya existente en la asamblea no es coyuntural, sino que ya pasa a una escala permanente. “Creo que, en esta ocasión, sería la tercera, en la que el tema Guatemala tiene ya un punto en la asamblea, que es un hecho inédito, porque nunca se había estado en una situación así, y se va a romper récord, pero para evidenciar la crisis del país”, resaltó.
Asimismo, el politólogo independiente Douglas González remarcó que el secretario general de la OEA llegó a Guatemala por invitación del Gobierno, lo cual fue secundada por el presidente electo Bernardo Arévalo, y se espera que el informe recoja los acontecimientos sucedidos durante su estadía.
Por un lado, “la supuesta voluntad” del presidente Alejandro Giammattei de hacer una transición ordenada y transparente, así como la buena fe de Arévalo de confiar en dicho proceso -aunque esté suspendido por decisión del mandatario electo-.
También, según González, el informe dará cuenta de que pocas horas después de que Giammattei jurara “dar su vida” si era necesario para asegurar que Arévalo asumiera la Presidencia el próximo 14 de enero, la madrugada del 12 de septiembre un vasto operativo comenzó en el Cope, con el propósito de abrir las cajas en donde se resguardaban las papeletas del proceso electoral. Posteriormente, fueron divulgados videos de personal del MP supuestamente contando papeletas, aunque después el ente investigador negó que se contaran.
Esas acciones tuvieron una fuerte reacción en la sociedad guatemalteca y en la comunidad internacional, calificándola como un atentado a la democracia. La presentación también recogerá la reunión de Almagro con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual tuvo un carácter privado, así como una “ríspida reunión” en la sede del MP, de donde posteriormente se divulgaron algunos videos que daban cuenta de lo “álgido de la discusión”, mencionó González.
El último informe de la Misión de Observación de la OEA recogía serias preocupaciones sobre la utilización de las instituciones de justicia para frenar el proceso electoral con agravantes de intimidación. “Es de esperar que este informe confirme estas preocupaciones con el agravante de haber vulnerado las cajas que contienen los votos de los ciudadanos y la cancelación del partido Semilla por parte de la Junta Directiva, acto del que se tuvieron que retractar la presidente de ese organismo Shirley Rivera y los miembros de la Junta Directiva”, añadió el experto.
El abogado constitucionalista y analista político Édgar Ortiz apuntó que se espera que ese informe sea “objetivo”, ya que la OEA “ha mostrado esa objetividad” en las intervenciones que han hecho eco de las preocupaciones que hay sobre el proceso democrático. “Durante la estancia de Almagro en Guatemala ocurrieron cosas lamentables, como el allanamiento al Cope de una forma ilegal, porque hay un consenso entre abogados que así fue, y esperaría que eso lo refleje el informe”, precisó.
¿Tendrá consecuencias?
En cuanto a posibles consecuencias para Guatemala, Rosal anticipó que pueden ser clave invocar la Carta Interamericana, la cual se ha implementado en casos como Nicaragua, o en situaciones muy particulares, “y ha sido lo que el canciller -Mario- Búcaro ha buscado evitar por todos los medios”. “Yo creo que por esta ocasión y a pesar de todos los esfuerzos que se van a mantener por parte del Gobierno, lo clave será si se invoca la Carta Interamericana”, agregó.
Pero de ahí en adelante la OEA no tiene mecanismos de sanciones económicas o comerciales, sino que Rosal hizo ver que por el lado político, “es el principal organismo hemisférico que invoque la Carta Interamericana por el ultimísimo nivel de riesgo de la democracia guatemalteca, que solo eso sería algo muy duro, muy fuerte, y para el país sería muy difícil recuperarse al mediano plazo”.
Ortiz es de la idea que las consecuencias que se puedan tener dependerán de lo que diga ese informe. “Pero al margen de las palabras concretas que se diga esta vez, ya la comunidad internacional ha emitido distintos pronunciamientos, no solamente la OEA, sino Estados Unidos, la Unión Europea y otros socios importantes, pues han mostrado preocupación por las continuas acciones del Ministerio Público y en estos días no ha sido la excepción, por lo que creo que ese informe será una pieza más en ese importante ejercicio de evidenciar acciones irregulares que se están dando en el país por parte de algunos actores, principalmente de la Fiscalía y el juez que ha ordenado esta investigación -Fredy Orellana-, y obviamente va a reflejar el estado frágil de la democracia guatemalteca”, puntualizó Ortiz.
En ese sentido, González recordó que del primer informe se desprendió una declaración en la que se hacía ver el uso de las instituciones de justicia “con propósitos de intimidación y finalidades que atentan contra la democracia y socavan un proceso electoral”, donde el pueblo de Guatemala decidió libre y democráticamente.
El siguiente nivel de una declaración es una resolución, añadió, que es una decisión formal del Consejo Permanente de la OEA, la cual establece acciones específicas que deben implementarse en una situación que involucra la alteración del orden democrático en un país miembro.
Entonces, explicó, “las resoluciones son más vinculantes que las declaraciones y pueden incluir medidas concretas, como la suspensión temporal de un país de su participación en la OEA u otras sanciones diplomáticas o políticas”.
“En la realpolitik se comprende el peso que Estados Unidos tiene al interior del Consejo Permanente de la OAE, y el Departamento de Estado ya ha hecho saber a través de sus portavoces que Guatemala podría enfrentar sanciones, no solo diplomáticas, sino también económicas”, recalcó González.
A esto se suma la postura expuesta por algunos eurodiputados, que han pedido sanciones económicas para el país. En general, lo que cualquier país miembro de la OEA debería evitar es que el Consejo Permanente emita una resolución haciendo observaciones sobre medidas antidemocráticas. Las repercusiones para el país pueden ser muy serias, añadió.
Actitud del saliente y entrante
González comentó que el Gobierno de Giammattei hará una ofensiva diplomática para evitar a toda costa que el Consejo adopte una resolución. Sin embargo, este esfuerzo ya fue consumido en la sesión anterior, cuando el cabildeo del ministro Búcaro logró que se adoptara una declaración en su lugar.
En el caso de Arévalo, precisó, se conoce que tuvo una reunión con miembros de la Misión de Observación de la OEA y que tiene planificado viajar a Washington en los próximos días. “Dados los acontecimientos, la postura del presidente electo deberá ser de una declaración que recoja los hechos tal y cual son, condenando los ataques a la democracia, pero con mucha cautela sobre las sanciones económicas que al final podrían ser más perjudiciales para la población que se debate en la pobreza que para los actores antidemocráticos”, expuso el analista.
Asimismo, Ortiz consideró que el gobierno saliente debe tener ciertos gestos más explícitos de apoyo. “Pareciera ser que una cosa es la palabra del presidente de enfocar una transición y afirmar ‘del diente al labio’ que va a entregar el poder al presidente electo, sin embargo, como representante de la unidad nacional que debe ser el presidente, me parece que tiene que ser más contundente en condenar el hecho de que las acciones están fuera del marco legal, y está jugando con ese formalismo supuesto de la división de poderes e independencias de funciones”, indicó.
“Por supuesto el Ministerio Público es autónomo, pero también es cierto que cuando hay acciones fuera del marco de la ley el presidente, como saliente, debería ser más energético, más decisivo y más claro en su preocupación por la democracia y no lo ha sido”, añadió, y que en todo caso, el gobierno saliente debe brindar los apoyos y facilidades para la transición, “pero también defender la democracia, la Constitución y las leyes, que es uno de los mandatos”.
La lectura de Rosal es que al gobierno saliente le queda un par de cosas. “Uno es mantener desde la Cancillería al ministro Búcaro, y un poco la idea de que no se invoque la Carta Interamericana, porque se invocaría en su período, ya en los últimos meses, y eso sería muy duro en el sentido de pasar a la historia como el gobierno en el cual se invocó la Carta Interamericana o que se pueda plantar esos mensajes, sería algo completamente mal”, explicó.
Quedan cuatro meses
Cuál es el escenario de aquí al 14 de enero. “El futuro se vislumbra rocoso; va a hacer una transición de meses muy accidentada de aquí a enero, y va a prevalecer la democracia porque el pueblo así lo está demostrando, y es evidente que hay una manifestación ciudadana de defensa de la democracia y que va a haber una transición”, dijo Ortiz.
Reiteró que mientras no cesen las “acciones arbitrarias de la Fiscalía”, serán unos meses “muy complicados” que van a distraer de lo que debería ser una conversación de lo que va a hacer el próximo gobierno, “sino que será una conversación de las eventuales maniobras que haga la fiscalía”.
El politólogo González remarcó que cuatro meses de transición en estas condiciones provocan mucha inestabilidad e ingobernabilidad. “La dinámica de transición quedará marcada por movilizaciones de rechazo a los intentos por evitar que las autoridades electas tomen posesión y las acciones jurídicas que apuntan a ese objetivo”, estimó.
A su entender, los actos sucedidos en el Cope causaron un mayor rechazo porque “el atropello se trasladó al voto ciudadano” e hizo que la causa ya no fuese solo de apoyo a un partido o un presidente electo, sino a la democracia y a la pureza del proceso electoral.
En pocas palabras, cambió la dinámica “de Movimiento Semilla versus régimen actual a democracia versus régimen actual”, y “ahí se aíslan más las fuerzas que impulsan un rompimiento del proceso electoral y de la democracia”.
González continuó: “Veo condiciones para impulsar, en lugar de una transición con un gobierno desgastado y sin credibilidad, un gran diálogo nacional como lo fue la Instancia Nacional de Consenso que recuperó el orden constitucional durante el , con actores legítimos de la sociedad para salir de la crisis y para dictar las grandes líneas de lo que queremos como país. Con una única credencial para participar: la defensa de la democracia y el estado de derecho”.
Para Rosal, el pulso político se percibe bastante fuerte y está claro, pero hay un punto de quiebre clave con la carta del MP al gobierno de EE. UU. que se hizo público recientemente. “Ahí se expresa, uno, que todavía van a dar batalla de lo que se tiene previsto; dos, está claro, que la lógica virulenta como le denominó yo, que no es necesariamente la fiscal general, sino su gente alrededor, que tampoco creo que sea el fiscal -Rafael- Curruchiche, sino me refiero a otros personajes del Ministerio Público, son los que realmente están actuando y seguirán haciendo con una idea de prepotencia, de autoritarismo puro y duro, porque ya enfrentar al gobierno de Estados Unidos implica pasar a una etapa desafiante”, subrayó.
Diálogo
Byron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), opinó: “No dudo que el informe ratificará lo dicho por la OEA en el sentido de que cualquier gobierno que no surja de la voluntad popular será ilegítimo. De persistir las acciones encaminadas a impedir la juramentación del presidente y vicepresidente electos, Guatemala podría sufrir muchas sanciones y ser aislada políticamente”.
También comentó que el gobierno saliente debe ser “prudente y respetuoso de la Constitución de la República”. Además, que el entrante debe buscar el diálogo con todos los sectores e integrar un gabinete de unidad nacional.
“Seguiremos con mucha tensión si la Corte de Constitucionalidad no pone punto final a la crisis de transición”, concluyó Barrera.
