Tras la primera vuelta electoral del pasado 25 de junio, el fiscal Rafael Curruchiche inició una cruzada para cancelar la personería jurídica a Semilla por supuestas anomalías en su inscripción en 2017, avalada por el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana; sin embargo, la CC revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en la segunda vuelta.
Tras ganar, el fiscal volvió a arremeter contra Semilla y el Registro de Ciudadanos suspendió a dicho partido político, lo que le impedía hacer actividades y mermaba las facultades de sus diputados, pero el TSE revertió el fallo, pero las acciones judiciales en contra del proceso electoral no se detienen y la Fiscalía efectúa allanamientos en sedes electorales.
De esa cuenta, el TSE se avocó a la CC para que, según sus facultades, delimite si un juez penal, como Orellana, puede cancelar un partido que fue constituido con bases en una ley de carácter constitucional.
María Lucrecia Morales Molina, mandataria judicial del TSE, dijo Este miércoles 12 de septiembre, el TSE interpuso en la CC otra acción legal en busca de establecer si el juez Orellana tiene la facultad de ordenar la cancelación de un partido político como lo ha hecho con el Movimiento Semilla.
Morales explicó que “lo que estamos presentando el día de hoy en nombre del Tribunal Supremo Electoral es una cuestión de competencia, porque buscamos que la Corte de Constitucionalidad delimite si un juez penal tiene facultades para poder solicitar la suspensión o cancelación de un partido político o una organización política que fue constituida bajo el amparo de la Ley Electoral de Partidos Político, que es una ley de carácter constitucional”.
Añadió que con base en una sentencia en la que la CC se pronunció el 3 de noviembre de 2020 en la que “se puede establecer que la Corte de Constitucionalidad tiene facultades que le compete establecer la competencia de organismos estatales y órganos autónomos”.
El MP continuó este miércoles en una sede el TSE abriendo y revisando cajas con votos de la jornada electoral del pasado 25 de junio, mientras el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, advierte que persiste “un golpe de Estado” para evitar que se posesione en enero próximo.
La diligencia de la Fiscalía se mantuvo por segundo día consecutivo y alrededor de una treintena de fiscales están contabilizando los votos emitidos por la ciudadanía, según constató EFE en la sede del tribunal electoral.
Debido a este operativo del MP, Arévalo de León denunció, el martes por la noche, que la Fiscalía continúa “un golpe de Estado”, aseguró que no seguirá con el proceso de transición de mando con el actual Gobierno hasta que se detenga la judicialización de los resultados electorales y pidió la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
En reunión con la OEA
Arévalo de León, junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, se reunió este miércoles con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) tras las acciones judiciales.
El presidente electo expuso ante los delegados de la OEA la situación en la que se encuentra el proceso de transición con el actual Gobierno y expresó su preocupación por la insistencia de la Fiscalía en intervenir en las elecciones.
Un operativo sin precedentes
Este miércoles la diligencia continuó y “la Fiscalía ha limitado el acceso al personal del Tribunal Supremo Electoral, además aumentó la cantidad de elementos de seguridad”, explicó a EFE Luis Gerardo Ramírez, uno de los voceros del tribunal.
Ramírez agregó que los fiscales han tomado posesión de 160 cajas electorales correspondientes a la primera vuelta, celebrada el pasado 25 de junio, y no existe un plazo establecido para terminar con el operativo.
La Fiscalía, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos, justificó estas acciones asegurando que se trata de una investigación por supuestas anomalías denunciadas en la elección.
Ante estas acciones, Irma Palencia, presidenta del tribunal electoral, advirtió que se “rompió la cadena de custodia del voto” y calificó como “grotesca” la actuación de la Fiscalía.
