Pérez Molina, de 72 años, decidió aceptar los cargos para poder obtener una reducción de penas por los delitos de los que se le acusa.
La extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló, en 2015, al expresidente de dirigir una estructura criminal que recibió Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales.
La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Eva Recinos, quien el martes 22 de agosto benefició al expresidente con arresto domiciliar y el pago de una fianza que le permitiría salir de prisión.
Pérez Molina le dijo a la jueza que estaba consciente de qué implica la aceptación de cargos y dijo que el se sometía a esta figura de forma voluntaria.
Luego la jueza le dio la palabra al exmandatario y este se declaró culpable de los tres delitos que le imputó el Ministerio Público, fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero.
“En el caso de fraude quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable de haber ordenado que se le diera el paso para la construcción de la terminal de contenedores TCQ, esto porque yo estaba consciente de la necesidad que había y que sigue existiendo del tiempo que se tardaban los barcos para descargar y eso le subía el costo a los guatemaltecos y consciente de eso yo sí tomé la decisión y por eso acepto eso, y si yo cometí una omisión, error o delito estoy aceptándolo, y lo estoy aceptando porque giré las instrucciones a las respectivas personas que tenían que ver en los puestos para que este proyecto se llevara a cabo, pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, dijo Pérez Molina.
Señaló que sindicatos y autoridades del Puerto Quetzal se oponían a un proyecto así, pero cuando él tomó posesión del cargo de presidente, ya ese puerto estaba intervenido y él permitió que siguiera así, pensando que con eso se agilizaría la construcción del proyecto.
Afirmó que él ordenó y dio seguimiento al proyecto, porque le interesaba que se llevara a cabo y no se estancara.
Reconoció que él se enteró de muchas cosas que sucedieron en el puerto hasta que lo acusaron del caso Cooptación del Estado y también que nombró a Juan Carlos Monzón para que facilitara las cosas en el proceso, pero ahora entiende que él excedió muchas cosas sin consultarlas, y por eso acepta que no dio supervisión, omitió otras y otras que no supervisión.
Dijo que en transcurso del proceso se cometieron ilegalidades, se dio dinero que no se tuvo que haber dado, pero que acepta que era responsabilidad suya.
En el caso de cohecho pasivo, dijo que está muy relacionado con el de fraude, pues la acusación dice que para autorizar la terminal de TCQ tuvo que permitir o no supervisar a Monzón, que hizo una serie de negociaciones que escaparon a su supervisión y por eso acepta el cargo.
Recordó que cada vez que el mayor accionista de la empresa vino al país, se reunió con él pero nunca hablaron de temas relacionados a dinero y allí fue donde no hubo supervisión de las anomalías que cometió Monzón.
“Acepto la responsabilidad porque debí estar enterado de que personas como Juan Carlos Monzón estaban haciendo estas cosas y yo no hubiera tenido la información o haber omitido o no haber supervisado que estas cosas se hubieran dado”, señaló Pérez Molina a la jueza.
Lavado de dinero
En este delito, Pérez Molina señaló que en la acusación se señala que él lavó dinero y que él no estaba allí para defenderse sino para aceptar los cargos, y que independientemente lo que dijera la acusación y que él pudiera justificarse, lo que sí podía decir es que todo lo que pasó fue por omisiones que él tuvo y falta de supervisión a las personas como Monzón.
Detalles de la sentencia
Fraude
Dos años de cárcel conmutables más dos años por los agravantes de interese lucrativo y abuso de autoridad, dando en total cuatro años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios, y aplicando el beneficio de reducción de la pena se rebaja a dos años de prisión conmutables razón de Q25 diarios.
Cohecho pasivo
- Cinco años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios y una multa de Q500 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos mientras dura la condena. Al aplicar la reducción de la pena da como resultado dos años y seis meses de prisión conmutables a razón de Q25 diario y una multa de Q250 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Lavado de dinero
- Siete años de prisión inconmutables y una multa de Q 21 millones 169 mil 500 y una multa de US$3 millones 303 mil 250, pero al aplicar la reducción de pena que en tres años y seis meses de prisión conmutables a Q25 diario y una multa de Q10 millones 584 mil750 y otra multa de US$1 millón 651 mil 625.
Otras sanciones
- Además, por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Cohecho pasivo el sentenciado debe cancelar Q25 mil
- Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Fraude debe cancelar en favor del Organismo Judicial Q25 mil
- Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos por el delito de cohecho en favor del Organismo Judicial pasivo Q25 mil
- También fue condenado al pago de costas procesales y al pago de una publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica.
El caso
El caso de corrupción en el que está vinculado Pérez Molina es conocido como Cooptación del Estado, que era una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.
Actualmente, Baldetti está cumpliendo dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.
Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
El expresidente fue condenado en 2022 a 16 años de cárcel al haber sido hallado culpable en el caso de defraudación aduanera La Línea, donde además fue multado con Q8 millones.
Otra condena
En 2022, Pérez Molina fue condenado a 16 años de prisión por un caso de defraudación aduanera ocurrida entre 2012 y 2015, conocido como “La Línea” y el cual provocó la caída de su Gobierno.
Durante el Gobierno de Pérez Molina, la Cicig descubrió al menos una decena de organizaciones criminales incrustadas en el Estado y desató una inédita lucha contra la corrupción entre 2015 y 2019, que permitió la condena de empresarios y funcionarios por diversos delitos.
