El Enade que comenzó en Chile en la década de los 80s y que luego se empezó a trabajar en El Salvador, desde el 2003 se ha realizado en Guatemala. Reúne a líderes empresariales, actores políticos y representantes de los tres poderes del Estado, así como organizaciones de la academia, partidos políticos, sociedad civil, tanques de pensamiento, organizaciones de cooperación y cuerpo diplomático acreditado en el país, así como medios de comunicación y público en general, se realiza alrededor de una propuesta, que este año ha tenido varios foros previos para socializar los diferentes proyectos que desde la mesa de infraestructura de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, se han priorizado.
Los foros previos del Enade, que comenzaron en abril de este año, han resumido el trabajo que la comisión de infraestructura de Guatemala No Se Detiene ha trabajado en los últimos dos años, con un enfoque claro hacia la propuesta propositiva del seguimiento que se le debe dar a la cartera de 64 proyectos, que se ha identificado hasta el momento, que representa una inversión total de US$7.25 millardos de dólares, en proyectos portuarios, viales, otros como el Metroriel, puentes y pasos a desnivel. Este seguimiento constante de los proyectos, ha permitido ir desentrampando algunos cuellos de botella y en los eventos previos al Enade se han discutido varios temas relacionados a los retos y oportunidades para aumentar la inversión en infraestructura vial y la conectividad en el país, así como en el sistema portuario, sistemas de contratación para la infraestructura pública, especialmente Alianzas Público Privadas, Contratos Crema, deuda pública, pagos por disponibilidad, los proyectos estratégicos prioritarios de infraestructura para el país y reformas necesarias para acelerar la inversión así como el presupuesto necesario y las reformas legislativas para lograrlas.
La cartera de proyectos visualiza la oportunidad que tiene el próximo Gobierno de priorizar financiamiento, por ejemplo, para 29 proyectos que ya tienen estudios avanzados pero que necesitan asignación de recursos, además de la urgencia que el Congreso de la República tiene para aprobar el préstamo del Banco Mundial que está enfocado en caminos rurales, el del BID que tiene varios proyectos importantes como el de la CA-9 hacia Puerto Barrios, donde se necesita ya doble calzada y que los alcaldes lo han puesto como una prioridad.
El presupuesto para infraestructura debe alinearse al ritmo que crece Guatemala, para financiar una red vial que debe crecer ya no a 211 kilómetros por año, sino a 1,200 kilómetros por año, atender un parque vehicular que aumenta casi 10% en promedio, acompañar una economía que sea capaz de crecer entre 5 y 6% anual y garantizar que el IDP se utilice para mantenimiento al menos Q.4 millardos de quetzales.
La Dirección General de Caminos tiene un saldo por financiar de Q.10 millardos a lo cual hay que sumar Q.3 millardos de proyectos de Covial y del Fondo Social de Solidaridad. El aumento en la recaudación de la SAT que ha permitido exceder la meta en Q.31.7 millardos debería ser una gran oportunidad para que el Gobierno de Guatemala invierta parte estos recursos en más y mejor infraestructura para el desarrollo humano.
* Juan Carlos Zapata es director ejecutivo de Fundesa
