En forma sorpresiva, inesperada, Alejandro Giammattei en un mensaje de solo dos minutos y en cadena nacional, anunció la oficialización de los resultados oficiales de la elección del 20 de agosto, declarados por el Tribunal Supremo Electoral el lunes 28; agregó la invitación al equipo ganador para iniciar desde el 4 de septiembre el proceso de transmisión del mando y su solicitud a la OEA para permanecer en el país desde ese momento hasta la entrega del mando el 14 de enero a las 14 horas. Cumplió con su deber y con ello borró la serie de justificadas dudas de su accionar y el del gobierno, en el cual el Ministerio Público ha sido una parte activa. Aunque no quedan descartadas nuevas acciones, estas serán a todas luces inútiles y sobre todo innecesarias.

Ese lunes 28, ocurrieron numerosos hechos causantes de dudas sobre el futuro de esta elección. El TSE ya había declarado presidente y vicepresidenta electos a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, pero una de sus entidades internas, el Registro de Ciudadanos, suspendió “temporalmente” al partido Semilla; la Corte de Constitucionalidad rechazó el intento de amparo para detener las manifestaciones contra Porras; fue allanada la casa de los padres del exjefe de la Feci Juan Francisco Sandoval y capturada su abogada defensora, Claudia González. La reacción internacional de repulsa llegó a las pocas horas, proveniente de la ONU, la OEA, Estados Unidos y el llamado a respetar los resultados ya era unánime tanto entre las más importantes entidades nacionales, como de otros países.

Para el ciudadano común constituye un afianzamiento del respeto a la ley, aunque admite como posibles algunas opiniones, realmente presiones, para ayudar en ese sentido. El futuro inmediato del Ministerio Público, como entidad, se afianzó, aunque queda clara la importancia otorgada por quienes lo tienen a su cargo, y en ese asunto, se debilita la posición de Consuelo Porras y de quienes integran su equipo, ahora con evidente debilidad, en un hecho considerado positivo por muchos abogados, analistas, funcionarios, aunque tengan criterios e interpretaciones distintas. El vocablo legal agregado al conocimiento popular fue “preclusión”, o sea la presentación de un derecho legal fuera del plazo establecido, manifiesta la importancia crucial de los tiempos en la ley.

Un caso determinante, a mi juicio, fue el allanamiento a la casa de los padres de la familia Sandoval, porque la acusación es muy ambigua y ello aumenta la posibilidad de considerarlo una venganza. Se habla de haber encontrado “dinero” y “armas”, pero al no especificar la cantidad de efectivo ni el tipo de armas, dejaba posibilidad de tratarse desde pistolas calibre 22 hasta rifles de asalto. No tenía lógica haber hecho allí ese depósito. La captura de la abogada Claudia González, exdefensora de Sandoval, lleva a los abogados el mensaje ilícito de su peligro para sus colegas litigantes y veda tácitamente el derecho de cualquier persona a escoger a un defensor y el temor a convertirse en uno. El inmediato mensaje de Giammattei implica tácitamente una rendición.

Se ha abierto amplio campo al análisis y sobre todo al conocimiento de los entretelones. Las batallas legales, al terminar, no deben dejar lugar a venganzas de ningún tipo. Los participantes en cada uno de los bandos deben sentirse satisfechos por haber puesto a prueba al sistema jurídico nacional, pues la mayoría lo hicieron de buena fe. Sin pecar de demasiado optimismo se debe esperar un cambio en el estilo de aplicarlo y de dirigirse al mismo. La atención se centra ahora en el MP de Porras y su grupo, quienes aún pueden disminuir la desconfianza en su gestión y meditar sobre su renuncia para contribuir a la recuperación del prestigio institucional ahora tan afectado. En resumen: fue un balotaje inesperado, sorpresivo, pero parte de un proceso también carente de precedentes.