Además, según el Ministerio Público (MP), todavía hay procesos pendientes por resolver, por lo que su libertad no la consideran como inmediata. Incluso, hablan de una apelación en uno de los dos casos que tiene abiertos.
El 22 de agosto se celebró una audiencia por el caso Cooptación del Estado, en la que Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, fue beneficiado con arresto domiciliario y una caución económica de Q300 mil que le permitiría salir de la prisión.
Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, otorgó la medida que solicitó el exmandatario. Este caso aún no ha llegado a la etapa de juicio.
El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso el 27 de julio de 2016 a 53 sindicados en este caso, entre ellos Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado con el fin de enriquecerse de manera ilícita.
El 7 de diciembre de 2022, las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo “B” condenaron a 16 años de cárcel al expresidente y la ex vicepresidenta por asociación ilícita (8 años) y caso especial de defraudación aduanera (8 años).
El binomio presidencial era investigado por un tercer cargo, de enriquecimiento ilícito, del que fueron absueltos. En este caso el Tribunal les impuso una multa de Q13 millones.
Sobre este caso, según el jefe de prensa e información, Juan Luis Pantaleón, la Fiscalía presentó una apelación para que se repita el debate, ya que no estuvieron de acuerdo con que no les condenaran por los delitos que les habían imputado.
Al exmandatario lo habían acusado de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. El juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio el 27 de octubre de 2017 a 28 personas, incluidos Pérez y Baldetti.
La acusación se basa en que ambos lideraban la red de defraudación aduanera La Línea, en la cual participaron particulares, exjefes, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas del país.
Pérez Molina ha manifestado de que no dispone de los recursos para poder salir de la prisión. Con su familia, ha indicado, buscan la manera de conseguir los fondos.
“No tengo dinero para pagar. Estamos hipotecando unos bienes de la familia y poder pagar. Esperaríamos que en unos ocho días se pueda resolver eso y entonces pueda recobrar la libertad”, aseveró Pérez.
Las medidas decretadas por la jueza son arraigo, arresto domiciliario, debe imponer su huella o firmar un libro de asistencia una vez cada 30 días, prohibición de visitar centros carcelarios y una caución económica por Q300 mil.
