En algunos sistemas político-electorales, los ciudadanos tienen la oportunidad de concurrir a medio mandato y, por ejemplo, con su voto modificar la composición de la legislatura. En otros regímenes, los ciudadanos tienen la potestad de revocar el mandato que hubiesen dado al presidente del Gobierno y en el Sistema Parlamentario, cuando los partidos representados en El Parlamento retiran su confianza al Gobierno, le compete al jefe de Estado convocar a elecciones y dejar que los ciudadanos sean, una vez más, con su voto, los árbitros finales de la situación política existente.

En el régimen político-electoral de Guatemala, no existe más que una oportunidad cada cuatro años para que los ciudadanos comparezcan a las urnas y depositen su voto. Durante el resto del periodo los ciudadanos pueden quizá expresar sus opiniones por medio de las redes sociales u otros procesos propios de la sociedad civil, y de una manera más bien indirecta, van mostrando su respaldo o retirando su beneplácito al equipo de gobierno. Y así, las encuestas publican los rankings de popularidad de los presidentes de diversas regiones del mundo, como la Región Latinoamericana, por ejemplo, pero en definitiva para los ciudadanos de este país no hay más que un día, cada cuatro años cuando definen, en primera vuelta, la composición de la siguiente legislatura y, en segunda vuelta, a quién de los finalistas en primera vuelta corresponderá llevar las riendas del Gobierno y ser El jefe del Estado.

Es, por consiguiente, un solo proceso cada cuatro años y, en ese sentido, pienso que la elección de segunda vuelta para elegir entre los dos finalistas al cargo de presidente y al de vicepresidente de la República es una oportunidad sumamente importante para los ciudadanos de Guatemala.

Como de todos es sabido, algunos partidos y algunas personas han planteado acciones judiciales cuestionando los resultados o cuestionando el cumplimiento de las autoridades electorales con las reglas que deben regir este proceso único cada cuatro años. Hasta donde he podido entender, se trata de cuestionamientos que en algunos casos resultan tardíos o inoportunos y en otros se basan en criterios formalistas, que carecen de la razonabilidad que debe acompañar, siempre, la interpretación de las reglas del derecho. Digo que algunos de los cuestionamientos han sido inoportunos, porque cuando a los fiscales de los partidos políticos involucrados competía haber hecho los señalamientos o cuestionamientos que posteriormente se esgrimieron, se omitió formular las objeciones que tenían que haber hecho en el momento previsto por las reglas que, por otra parte, exigen que se respeten.

No cabe duda de que las contiendas electorales son competiciones reñidas. Pero, aún así, no deben dejar de ser eso que se ha llamado “una fiesta cívica”. Interpreto el significado de esa conocida expresión en el sentido del carácter noble y cívico con que tanto los candidatos como también los ciudadanos acuden al proceso electoral para revelar sus preferencias ideológicas y dar su respaldo a quienes, en su opinión, reflejen mejor esas preferencias de entre los candidatos existentes.

Es muy lamentable que en nuestro país el proceso político electoral haya ido perdiendo ese talante de fiesta cívica para presentarnos una competición que más bien semeja un conflicto, una pelea, o una confrontación. Así, los ciudadanos de este país se ven envueltos en un torbellino de desinformación, de imputaciones, denuncias y acusaciones que, al lado de unas redes sociales plagadas de comentarios dignos de un enfrentamiento, terminan desvirtuando el carácter que debiera tener un proceso electoral. Corresponde a los ciudadanos poner un “hasta aquí” a las campañas sucias y favorecer las propuestas de aquellos que tratan de persuadirlos con las armas del diálogo, por medio de debates abiertos, respetuosos y transparentes para que, hacia el porvenir, los procesos electorales vuelvan a ser una fiesta cívica.