El mariscal de campo Helmuth von Moltke (1800–1891), conocido como Moltke el Mayor, cautelaba sobre la necesidad de desarrollar una serie de opciones para la batalla, en lugar de un solo plan, diciendo que “ningún plan de operaciones se extiende con certitud más allá del primer encuentro con la principal fuerza del enemigo” (Graham Kenny, 2016). Es común el uso de analogía entre la estrategia militar y la política; cualquier plan que se desenvuelve en un ambiente que provoca reacción y cambio, tiene que ser constantemente reevaluado y ajustado.

Quién llegue a la silla el próximo 14 de enero pronto enfrentará el ruido caótico del sistema y el canto de sirenas seductoras. Mientras sus asesores de propaganda se dedican a crear marcas y frases para sus programas emblemáticos, los dueños de las talanqueras institucionales y políticas se posicionan para el cobro de peaje. Ganar batallas será con armas de transacción de intereses, no con diálogo y persuasión razonada, que en este terreno es fusil que dispara agua.

La rigidez presupuestaria que fija el destino de todos esos quetzales para los que tienen planes; quitar aquí para poner allá, presenta formidable resistencia. Los maravillosos proyectos ofrecidos suman frescos millardos, requiriendo cambiar el curso del río de gasto que ya está rígidamente determinado por la dependencia de ruta, la acumulación de compromisos y negociaciones heredadas.

La corrupción no es una masa a la que se le apunta un tiro fulminante; son muchos tentáculos con garras profundamente clavadas. Es literalmente una cultura; prácticas, costumbres, tradiciones, creencias y rituales que han evolucionado en el tiempo. Nuevos empoderados, arribistas, querrán colocar sus ductos en sistemas de cañería ya bien establecidos que fluyen a territorios firmemente apropiados. Ofrecer cero corrupción es librar guerra de tierra arrasada contra innumerables guerrillas esparcidas que, además de plomo, ofrecen exquisitas golosinas. Lo mismo aplica para la narcologística y el crimen organizado.

Mientras el nuevo gobierno pondere sus primeros cien días, los sindicatos del sector público estarán tocando la puerta, exhibiendo sus armas para promover sus intereses y ser dignificados. Así como el sindicalismo estatal puede ser una amenaza para los planes del Gobierno, también es oportunidad; como aliados brindan capacidad de choque y movilización. Es un trato faustiano que otorga poderes, pasa la factura para el futuro y compromete el alma.

El nuevo gobierno tendrá que construir una coalición estable en el Congreso, que solo será posible mediante la repartición de negocios, feudos y puestos. Entre más sensibles sean los cambios que busque introducir, serán más caras las negociaciones, tendrá que transar y distribuir.

Ambos candidatos presentan con entusiasmo planes para la educación, basados en construir más escuelas e institutos y promover el credencialismo en el magisterio. No abordan el problema estructural de incentivos. Se tiene la idea de que habrá mejores maestros si se exige cursar determinados programas y obtener títulos. Un problema es que el sistema no es meritocrático, su forma de operar no permite identificar a los mejores maestros, promoverlos y adoptar sus prácticas, así como retirar a los que no producen resultados. El sistema educativo premia el tiempo de servicio, las conexiones políticas y sindicales; avanzar no depende de la productividad. Introducir el mérito en el magisterio y dar más poder de elegir a los consumidores de educación, las familias, ni siquiera figura en la forma de pensar sobre el desafío.