La norma está regulada en el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su inciso “d” que prohíbe el expendio o distribución de licores, bebidas alcohólicas y fermentadas o su consumo en lugares públicos, desde las doce horas del día anterior a las elecciones generales.
Quienes sean sorprendidos violando la Ley seca serán detenidos y recibirán una sanción económica de Q5 mil.
Así lo establece el artículo 495 del Código Penal, que contempla arrestos de 15 a 30 días.
Ley seca elecciones 2023
Cuándo comienza la ley seca durante la segunda vuelta
- La Ley Seca se aplicará a partir de las 12 horas del día anterior a las elecciones generales, es decir el sábado 19 de agosto a las 12 del mediodía y se extiende durante toda la jornada del domingo 20, hasta llegar el lunes 21 de agosto a las 6 de la mañana.
- La legislación también establece que la Policía Nacional Civil (PNC) es la institución designada para velar por vigilancia y cumplimiento de la norma, además de accionar contra contra aquellos que la incumplan.
- La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que durante la primera vuelta electoral celebrada el pasado 25 de junio, durante las 42 horas que duró la prohibición, se detuvo a un total de 153 personas por violar la Ley seca.
- Los datos fueron a nivel nacional, siendo el departamento de Huehuetenango donde más capturas hubo con 23 detenidos, seguido de Retalhuleu con 18.
- Además, la PNC también incautó 24 armas de fuego y capturó a 20 personas por otros delitos.
Sanciones por violar la ley seca
- Según lo estipulado en ley, quienes infringen la ley seca tendrán que ser detenidos y puestos a disposición de un juzgado y luego, deberán hacer frente a una primera audiencia en un plazo máximo de seis horas.
- Una vez la persona detenida escuche el motivo de detención, un juez deberá establecer si continúa ligado a un proceso penal y podría llegar a enfrentar una pena entre 15 a 30 días de prisión, además de recibir una sanción económica.
- Los establecimientos comerciales que incumplan la Ley seca se enfrentarán a una multa de Q100 mil. Además, se les iniciará un proceso administrativo que podría resultar en la cancelación de la patente, licencia o permiso otorgado a la persona individual, jurídica o propietaria del establecimiento.
