Dentro de este grupo en crisis alimentaria hay 604 mil personas que están en una fase 4, considerada de emergencia, unas 100 mil más que en el mismo periodo del año pasado, lo que significa un aumento del 20.8%, y de no recibir atención, el riesgo de que más de medio millón de guatemaltecos pasen el umbral de hambruna está latente.
Si bien hay que una disminución en la población que se encuentra en las fases 3 y 2, conocida como crisis acentuada, respectivamente, esta pudo migrar a un nivel mayor y convertirse en emergencia.
Los 4.3 millones son personas que, aunque reciban alguna asistencia humanitaria, enfrentan problemas serios para conseguir comida, y ante este panorama es inevitable que aumenten los casos de desnutrición aguda entre la población infantil menor de cinco años.
Para el 8 de julio pasado, el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan) reportaba un 40.3% más de niños afectados por la desnutrición, comparado con el mismo período del 2022.
Mayor impacto
El año pasado 18 departamentos se encontraban en fase 3, es decir en crisis de inseguridad alimentaria aguda, en donde los hogares con esfuerzo logran cubrir las necesidades alimentarias mínimas luego de agotar sus medios de vida, a la vez que se incrementa el riesgo de desnutrición entre los niños.
Para este período la cantidad de departamentos afectados se mantiene, y son Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Sololá y Retalhuleu los que aparecen con la mayor cantidad de hogares en riesgo. Salen de la lista El Progreso y Jalapa -su condición mejora-, pero ahora aparecen Retalhuleu y Sacatepéquez, este último no figuraba en los reportes anteriores de la CIF, lo que evidencia un deterioro en el acceso a alimentos de sus habitantes.
Jessica Coronado, coordinadora de Nutrición y Salud de Acción contra el Hambre, menciona que la CIF presenta una proyección de la población en inseguridad alimentaria aguda para cada período del año, sin embargo, hay departamentos en donde la crisis se ha vuelto crónica, como Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula, que llevan años en esta condición, y a la población no le resta más que convivir con esta realidad.
Este año el fenómeno climático El Niño tiene un efecto directo en la crisis alimentaria que atraviesa el país. Se caracteriza por el aumento en la temperatura de la superficie del mar Pacífico, que puede provocar diversos efectos como aumento de lluvias torrenciales o sequías, como señala la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés). Su presencia se oficializó a principios de junio.
Por dicho impacto, el Ministerio de Salud estableció una alerta naranjada institucional por los efectos en la salud que pueda provocar, entre estos la desnutrición aguda entre otros padecimientos. La circular tiene fecha del 18 de junio último y va dirigida a directores, jefes y coordinadores de las distintas unidades de la cartera. Se pone especial atención en 20 municipios del país.
Aunado a lo que pueda ocasionar el fenómeno El Niño, la crisis alimentaria también es provocada por el alza en el precio de los granos básicos, los combustibles y fertilizantes, que se mantiene al alza desde la pandemia del covid-19.
Lo que limita aún más la capacidad adquisitiva de las familias y las empuja a implementar estrategias de afrontamiento de estrés, crisis o emergencia para tener alimento en casa, como vender activos productivos, bienes y animales, migrar a otro departamento o bien a México y Estados Unidos, prestan dinero y reducen gastos en salud y educación.
La situación quizá mejore para una pequeña porción de personas a partir de septiembre, sin embargo, podría continuar si persisten los contrastes en el clima. La CIF indica que al terminar agosto y hasta febrero 2024 serán 3.1 millones de guatemaltecos los que tendrán dificultades para alimentarse.
Los más afectados
Coronado indica que hay factores internos estructurales que mantienen a la población en inseguridad alimentaria, como la pobreza, situación en la que se encuentra seis de cada 10 guatemaltecos, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014, la desigualdad y la falta servicios básicos.
La frase “llueve sobre mojado” expresa lo que han atravesado las familias en los últimos meses. La coordinadora de Acción Contra el Hambre señala que no se habían recuperado del impacto que causó la pandemia en sus medios de vida cuando las tormentas tropicales Eta e Iota, y luego Julia, causaron serios estragos.
Se inundaron los terrenos, y las tierras que antes eran para el cultivo quedaron “arenosas”, y por más que los agricultores siembran, cosechar es un desafío.
La presencia del fenómeno El Niño -las condiciones podrían fortalecerse de manera gradual hasta diciembre- complicará aún más las posibilidades de subsistencia de los hogares rurales, pues como menciona el informe de la CIF, los más vulnerables son los jornaleros, los pequeños agricultores de granos básicos, que para mayo ya habían agotado sus reservas de alimentos -período de hambre estacional-. Para este momento, muchos ya consumieron las semillas que tenían guardadas para la siguiente siembra.
Esta situación los orilla a comprar maíz y frijol en el mercado en una época en que los precios son elevados, y en que el salario mínimo no alcanza para cubrir los costos de la Canasta Básica.
Según el Pronóstico de Seguridad Alimentaria y Nutricional para julio, agosto y septiembre 2023, el precio del quintal de maíz tuvo un incremento del 4.18% entre mayo y junio, al pasar de Q213.19 a Q222.62. En el caso del frijol este tuvo un aumento del 5.53% de enero a junio, al subir de Q582.86 a Q616.12, y se espera que el alza se mantenga.
Dicho informe señala que el maíz y el frijol son una fuente importante de proteína en la dieta de la población, pero el elevado costo de los granos ha llevado a que las familias compren el producto por libra, pues con los pocos quetzales que consiguen no les alcanzan para más.
“Aunque haya alguna capacidad de adquisición por parte de las familias, ahora compran menos”, dice Coronado, lo que pone en serio riesgo “la alimentación y la nutrición”, principalmente de los niños y de los adultos mayores.
Esa necesidad de llevarse un bocado a la boca empuja a muchos hogares a enviar a sus hijos a comer a la casa de un familiar que tenga alimentos, otra estrategia es priorizar la comida de los niños sobre la de los adultos, o disminuir los tiempos de comida a uno en el día. Esto, como dice la nutricia impacta en el aumento de casos de desnutrición aguda.
Un problema cada vez más urbano
María Marta Ramos, coordinadora de Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas), menciona que el problema de la inseguridad alimentaria cada vez es más visible en las áreas periurbanas y urbanas, cuando lo usual era ver población afectada en las áreas rurales.
Según la CIF, más de 400 mil personas en el departamento de Guatemala tienen problemas para acceder a alimentos, y un reflejo de esto es el incremento de niños con desnutrición aguda en la localidad, pues al 8 de julio se habían identificado dos mil 642 casos de menores de cinco años con dicha condición y es un aumento del 55.8% comparado con el 2022, como refiere el reporte oficial. Guatemala, Villa Nueva, Mixco y Amatitlán son los municipios con más infantes afectados.
Si bien los datos que proporciona el informe permiten anticiparse y actuar para mitigar el riesgo en que se encuentra las personas, como menciona Ramos, la realidad es otra.
A criterio de Jorge Pernillo, analista y catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana (Upana), la inseguridad alimentaria en Guatemala es “más complicada” este año que el 2022, pues hay más personas que pasaron a una fase de emergencia, y no se ha logrado reducir la cantidad de población que tiene dificultades para acceder a los alimentos.
¿Falta de recursos?
El Gobierno ha asignado más recursos para atender el tema; el Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) pasó de Q5 mil 431 millones vigentes en el 2021 a Q10 mil 761 millones este año. Pernillo agrega que son el Ministerio de Educación y de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda los que tiene un mayor presupuesto, cuando la prioridad debieran ser las acciones de primera línea del Ministerio de Salud.
“Las brigadas de peso y talla, la entrega de alimento terapéutico están bien, pero sería mejor si se entregarán todos los servicios, todos los programas: la vacuna, el monitoreo de crecimiento, la entrega de los micronutrientes, la atención a las mujeres, y se tendrían que entregar de forma permanente en las comunidades, pero no están pasando”, dice el analista, pues en las últimas semanas el Ministerio de Salud ha promocionado en redes sociales la implementación de estas acciones, cuando debieron realizarse durante los cuatro años de gobierno, de manera continua y priorizando a población vulnerable.
El Ministerio de Salud también ha contado con fondos que provienen del préstamo Crecer Sano para combatir la desnutrición crónica. Son US$100 millones -unos Q784 millones- otorgados por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial.
Fue aprobado por el Congreso de la República en febrero del 2019 y el plazo para el desembolso vence el 31 de enero del 2024. Está enfocado en la infraestructura, y hasta el 30 de junio pasado solo se había ejecutado el 26.73%, según reportes del Ministerio de Finanzas.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la pandemia del covid-19 retrasó la ejecución, sin embargo, se han entregado 34 puestos remozados y cinco más están por entregarse, otros 24 están en proceso, y en septiembre inician los trabajos en 18 más.
Mientras que la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición se puso en marcha en el gobierno de Alejandro Giammattei con la finalidad de reducir la desnutrición crónica. La línea base del programa presentada el año pasado señaló que el 57.2% de los menores de 5 años están afectados por dicha condición en 114 municipios priorizados.
El período de Giammattei culminará en pocos meses y los avances son mínimos, por lo que Ramos considera que las estrategias que son de gobierno y no de país son poco productivas.
Teniendo la evidencia de lo que funciona y lo que no en el combate a la desnutrición, recomienda a la siguiente administración continuar con el programa para no partir de cero, y hacer los cambios necesarios para disminuir el flagelo, que no solo se evidencia en la baja talla de los niños también en el daño que causa en el coeficiente intelectual, pues según Unicef, puede perder hasta el 40% de las neuronas potenciales, lo que trunca sus oportunidades de desarrollo.
Agrega que este esfuerzo no solo es del Gobierno central, deben involucrarse las autoridades locales, los líderes comunitarios, religioso, las oenegés, sociedad civil y sector privado con el fin común de proteger a las siguientes generaciones.
Acciones en marcha
Para apoyar a las familias que se encuentran en inseguridad alimentaria se aprobó el Plan para la Atención del Hambre Estacional que está focalizado en 160 municipios del país, con la implementación de acciones como transferencias monetarias dotación de alimentos, atención integral para la primera infancia y desarrollo de la mujer, entre otros.
Además, para atender a los afectados por la desnutrición crónica se implementó el Bono Nutrición que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, como las brigadas Integrales de Salud y Nutrición a cargo de Ministerio de Salud.
Para poner en marcha el plan se tiene un presupuesto de Q4,716 millones. Dentro de este se contempla una reserva estratégica de granos básicos para entregarse a estas familias afectadas, informó la Dirección de Comunicación e Información de la Sesán.
