Al igual que el régimen del general Lucas García, el gobierno de Alejandro Giammattei se encuentra totalmente aislado a nivel externo. En los años 80, el mundo estaba horrorizado por lo que Amnistía Internacional llamó un programa gubernamental de asesinatos políticos, cuyo objetivo era acallar a la oposición. Ahora, la preocupación externa es hacia las evidencias de que desde el Estado se intenta alterar el proceso electoral porque un candidato opositor les es incómodo. Fuera del país ha trascendido cómo el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) han enderezado ataques contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el partido Semilla. En las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) hay preocupación porque estos hechos atentan contra las elecciones y la democracia. Es obvio que existe un hilo conductor entre el terrorismo judicial y Giammattei, algo que no pasa desapercibido en el exterior.

La valiente comparecencia de la presidenta del TSE, Irma Palencia, ante la OEA fue esclarecedora sobre esta crisis. Frente a una audiencia continental expresó que le preocupa la judicialización que pone en riesgo la segunda vuelta y lo que pueda pasar posteriormente. Palencia reveló cómo el organismo que preside fue mancillado por las huestes del MP que ingresaron a su sede con lujo de fuerza, con pasamontañas y armas, y cómo un juez hostigó al registrador de ciudadanos, quien tuvo que abandonar el país. No, no se trataba de una denuncia de la oposición, sino de una funcionaria de alto nivel que ya había presentado un amparo en la Corte de Constitucionalidad en el que denunciaba a los ministros de Gobernación, Defensa y Finanzas, a la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General, al director de la Policía Nacional Civil y al MP porque estos podían vulnerar el desarrollo de las elecciones. Aunque la CC denegó el amparo, el TSE hizo evidente que el ataque provenía de las propias estructuras del Estado.

En el seno de la OEA existe un clima de rechazo hacia la situación que vive Guatemala. Su secretario general, Luis Almagro, dijo que existe una clara intervención de jueces y fiscales que entorpecen las elecciones. Almagro llegará la próxima semana al país para conocer los hechos. Su estancia coincidirá con una nueva arremetida del MP. Ayer, Alberto Fuentes Knight informó que se vio forzado a salir al exilio por la persecución del MP contra los miembros del comité proformación de Semilla, del cual fue parte. También el candidato presidencial Bernardo Arévalo denunció que el MP tendría previsto ejecutar entre 12 y 16 órdenes de captura contra miembros de ese partido. A ello se agrega un requerimiento del MP, con el visto bueno de Rafael Curruchiche, en el que demanda al TSE los nombres de los digitadores contratados para las elecciones, por municipio y departamento. Entonces, estamos ante la continuación del hostigamiento desatado por Consuelo Porras.

La arremetida de Giammattei se concentra en dos áreas. La primera sería la continuación de las acciones desestabilizadoras del MP y el OJ contra el TSE y Semilla, lo cual configuraría una forma de terrorismo de Estado. La segunda buscaría su involucramiento en la campaña electoral en apoyo a Sandra Torres, a través de las estructuras municipales que le dieron respaldo a la candidatura oficialista de Manuel Conde, en la primera vuelta. De confirmarse tal hecho podría implicar el uso de recursos del Estado para dar soporte a esta presidenciable, que en sus declaraciones ha negado la existencia de la crisis institucional, algo que también se observa en la mayoría de partidos. Para el resto de agrupaciones políticas pareciera que no pasa nada porque, obviamente, les convendría que siguiera la situación de impunidad que procura Giammattei.