En 1985, los representantes del pueblo de Guatemala electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, solemnemente decretaron, sancionaron y promulgaron la Constitución Política de la República de Guatemala. Establecieron que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (Art. 1 y 2). En el Art. 105 asentaron que el Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento que permitan atender los diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a vivienda adecuada, con condiciones de salubridad. Los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, vivienda que llene esos requisitos.

Suntuosos preceptos, sin duda, que se desvanecen ante la evaluación internacional que sitúa a Guatemala en los primeros puestos de inequidad en la distribución de la riqueza; donde uno pocos son millonarios, en tanto, para la mayoría, la muerte llega por parto, enfermedades previsibles como infecciones estomacales y desnutrición infantil; en donde la mayoría padece de analfabetismo y desde luego, carece de vivienda.

De acuerdo a colegas expertos e información del Instituto Nacional de Estadística y del Centro Latino Americano para el Desarrollo Económico, la población actualmente asciende a 16.7 millones, de la que 11.6 (70%) vive en centros urbanos; el resto ocupa el área rural. Guatemala es el país menos urbanizado de la región. Sin embargo, su modelo de ocupación cambia rápidamente: las familias rurales ya no emigran solo a la capital del país; se mueven a ciudades intermedias que crecen al ritmo del 6 y 8% anual, como Quetzaltenango, Cobán, Mazatenango y Zacapa, entre otras.

Algunas duplicarán su población en 14 años, hecho que generará presión sobre el uso del suelo, los recursos naturales y provocará demanda de vivienda. En pocos años el 75% de la población vivirá en ciudades. De ahí la necesidad de contar con un Plan Estratégico para el Desarrollo Integral que incluya una Política Nacional de Vivienda, junto a planes de ordenamiento territorial, de conservación de centros históricos, de bosques y cuerpos de agua, por mencionar algunos, que provean instrumentos técnico-legales de planificación para su crecimiento y desarrollo, y solución a los problemas actuales. Problemas que se manifiestan, P.E., en el colapso de la circulación vehicular, al no existir nuevas calles, carreteras ni circunvalaciones; transporte público de personas no resuelto, como tampoco son tratadas las aguas negras y la basura. Los bienes culturales no se protegen y un largo etcétera del que los alcaldes prefieren no enterarse.

Planificar requiere profesionales especializados y personal administrativo, técnico y científico calificado, cuyo resultado se verá en el mediano plazo. No hacerlo implica seguir actuando discrecionalmente; posición que lleva a los alcaldes a sembrar árboles por aquí y por allá, pero no a crear parques; hacer pasos a desnivel y colocar semáforos para mitigar el problema de la movilidad, pero no a resolver los conflictos urbanos.

Si esos problemas no se resuelven, tampoco lo será la vivienda y aún menos será abordada la vivienda popular. Realidad que demanda del Gobierno cumplir con el mandato que la Constitución dio al Estado.