Poco decorosa y muy prepotente fue la actitud del fiscal del partido oficialista, exsubsecretario de la Presidencia y exviceministro de Comunicaciones, Héctor Aldana, al vociferar que se abrieran las cajas de papeletas ayer durante la primera audiencia de revisión de resultados, una actividad eminentemente ciudadana a cargo de las juntas electorales, en presencia de fiscales de todas las organizaciones partidarias, de observadores y de la prensa nacional e internacional. Pero aún más indecorosa, desconsiderada e irrespetuosa es la insistencia del partido Cambio, de Manuel Baldizón, que presentó un recurso leguleyo ante la Corte Suprema de Justicia para obligar al conteo de votos y papeletas, un artero ardid que debería ser desechado in limine.

Ayer comenzaron las audiencias de revisión de resultados y para hoy se continuará con el proceso, ordenado por la Corte de Constitucionalidad en el extraño amparo provisional, recibido el viernes y resuelto el sábado últimos, con los votos de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Claudia Paniagua y Leyla Lemus, exsecretaria general de la Presidencia y quien trabajó allí con el ahora fiscal Aldana.

El recurso de ejecutoria ante la CSJ para obligar a un conteo de votos planteado por el partido de los Baldizón, en nombre de otras tres agrupaciones, es perverso y solo busca entorpecer la oficialización de resultados de primera vuelta. Dados sus pésimos resultados electorales —algo que ninguna revisión cambiaría—, parecen dispuestos a servir de lacayos a otros intereses. El recurso debería ir a la CC, pero esta delegó el seguimiento del oficioso amparo provisional en la Corte Suprema de Justicia, que nunca había conocido del caso y de la solicitud.

En las transmisiones en línea se evidencia que no existen mayores anomalías, que los integrantes de juntas están anuentes a la revisión de actas y para hoy se espera la presencia de expertos informáticos de partidos para auditar la transmisión de datos. Esta transparencia hace obvias la impertinencia, el conflicto de interés y el rencor hacia la democracia por parte de Baldizón, fallido candidato a diputado por tal agrupación, cuya inscripción fue rechazada por ser exconvicto en Estados Unidos por lavado de activos y quien está vinculado a los casos de corrupción Odebrecht y Transurbano. Salió bajo prisión domiciliar en enero tras pagar una caución de Q1.8 millones que el Ministerio Público fue lo bastante laxo como para no apelar.

Poco a poco se percibe la perversa intención de tratar de socavar uno de los elementos más sólidos, confiables y fundamentales de los procesos democráticos: atacar el honor, la credibilidad y la alta eficiencia de las Juntas Electorales y las Juntas Receptoras de Votos, integradas por ciudadanos que prestan su tiempo de manera voluntaria, esfuerzo e integridad en aras de garantizar comicios limpios.

El pleno del Tribunal Supremo Electoral debe salir a defender a las juntas y poner en su lugar a los partidos, supeditados a su autoridad. Los magistrados han mantenido hasta ahora un silencio timorato que debe romperse ya, para defender a los ciudadanos de todos los improperios, señalamientos e irrespetuosas conductas como la mencionada al inicio. Varios partidos han tomado distancia de las ínfulas oficialistas, pero no todos. Deben cuidarse de no convertirse en accesorios, por acción y, peor aun, por omisión, de un nefasto atentado contra la voluntad del pueblo de Guatemala ya expresada en las urnas.