Siguen sumándose las expresiones asertivas y serias de diversos sectores al respeto absoluto a la voluntad ciudadana expresada en el derecho constitucional del voto emitido el domingo 25 de junio. Es obligación, potestad y responsabilidad de los magistrados del TSE, a riesgo de consecuencias penales si incumplen sus deberes, garantizar la integridad del actual patrimonio electoral de Guatemala. Como siempre se ha dicho en este espacio desde su designación en el Congreso en marzo del 2020, la fidelidad de los magistrados titulares y suplentes es con la ciudadanía, no con partidos, caudillos o bancadas.

En seguimiento al fallo de la Corte de Constitucionalidad comienzan hoy las audiencias de revisión del escrutinio electoral. El extraño dictamen de la CC, del cual se lavan las manos al dejarlo a cargo de la Corte de Justicia —que no ha juzgado tal materia y ahora debe hacerlo por delegación—, ordena un segundo cotejo y es todo lo que puede y debe hacerse. Cualquier extralimitación o intento nefasto por tergiversar, descalificar o dilatar los resultados de los comicios sería sin duda sospechoso y, según el caso, punible.

Con un tono de serenidad, tan necesaria en estos momentos, pero sin perder el aplomo, la Conferencia Episcopal de Guatemala exhortó ayer a la autoridad electoral a efectuar la revisión de impugnaciones con la celeridad y transparencia oportunas para cumplir con el amparo provisional y garantizar el desarrollo de la segunda vuelta dentro del plazo fijado. Destaca la lucidez de esta observación de los obispos: “El entrampamiento de amparos y contraamparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas, ya que la soberanía corresponde al pueblo de Guatemala y no a los tribunales”.

Las audiencias de revisión constituyen un proceso legal cívico y en ellas no deberían interferir partidos, ya que estos, por ley, están supeditados a la autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Acciones arteras y maliciosas como las de candidatos con ínfimos resultados, menores al 1% —que condenan a sus vehículos electoreros a desaparecer—, no pueden interpretarse sino como oportunismo barato o afán por congraciarse con oscuros patrocinadores y que solo buscan causar zozobra y desgastar la confianza en el estado de Derecho.

En todo caso, ya se efectúan procesos paralelos independientes de cotejo como el efectuado por la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt). Constituyen una referencia insoslayable porque se desarrolla con espíritu de contribución cívica, de manera voluntaria, no partidaria. Para no interferir ni causar ruidos adicionales, sus resultados se darán a conocer después de que el TSE haya publicado los resultados oficializados de la primera vuelta. También se lleva a cabo una auditoría denominada Fiscal Digital, que invita a ciudadanos a examinar los resultados de la mesa donde votaron, con base en la información disponible en la plataforma del TSE, en un ejercicio colectivo de cuentadancia electoral libre y pública. Todo ciudadano puede integrarse y participar.

Cualquier intentona por socavar la democracia en esta etapa sería un escándalo y un posible delito. Las audiencias de revisión deben ser públicas y estar abiertas a todos los fiscales de partidos políticos acreditados, pero también a la prensa nacional e internacional. No hay tiempo ni espacio para pifias, litigios malintencionados o, incluso peor, güizachadas extemporáneas.