Pero las actuaciones polémicas del TSE venían desde el año pasado, cuando comenzaron a hacer compras por excepción, una modalidad que la Ley de Contrataciones permite hacer al órgano electoral, pero solo en el año en que se celebran las elecciones, en este caso en 2023.
Para concretar estas adquisiciones, cuyos concursos no se publican en Guatecompras sino hasta después de ser adjudicadas, los magistrados aprovecharon la ambigüedad generada a raíz de que en la Ley del Presupuesto General 2022 el Congreso aprobó un artículo que se los permitía.
Este mismo año también se generó controversia porque los magistrados pretendían adquirir un equipo informático para digitalizar actas y reconocer a los votantes con tecnología biométrica, aunque al final desistieron de la compra.
Esos antecedentes presagiaban un convulso proceso electoral que ha sido inédito y marcado por la judicialización de las candidaturas y en donde los guatemaltecos votarán por cuatro mil 336 puestos de elección popular, entre binomio presidencial, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales.
Decisiones cuestionadas
Ocho días después de la convocatoria, la autoridad electoral tomaría la primera decisión polémica relacionada con las candidaturas a la Presidencia cuando el Registro de Ciudadanos negó la inscripción del binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) porque, aparentemente, el candidato vicepresidencial —el exprocurador de los derechos humanos, Jordán Rodas— había presentado un finiquito inválido, lo cual desató algunas protestas en la capital y la provincia.
Rodas y el MLP, partido que ocupó el cuarto lugar en la elección presidencial de 2019, agotaron el camino legal en busca de su participación, que incluyó recursos ante el pleno de magistrados del TSE, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), que no tuvieron éxito. El máximo tribunal dejó fuera definitivamente al partido el 2 de mayo.
Las decisiones controversiales continuarían el 6 de febrero cuando los magistrados revirtieron la inscripción del binomio de Podemos, de Roberto Arzú y David Pineda, en esta ocasión por no cumplir con los requisitos constitucionales de capacidad, honradez e idoneidad ya que habría incurrido en campaña anticipada de forma reiterada.
Al igual que el MLP, Arzú y Podemos comenzaron una batalla legal en diversas instancias que terminó el 25 de mayo con un no definitivo de la CC.
Más polémicas
Los ruidos sobre el proceso electoral aumentaban lo cual causó inquietudes dentro de la comunidad internacional. El 20 de febrero el grupo de cooperantes del G13 convocó a los magistrados del TSE a una reunión para discutir aspectos relacionados al proceso y ofrecer su apoyo.
Esto exasperó al Gobierno de Guatemala que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en tono de reclamo en el cual señalaban a los diplomáticos de no haber utilizado los canales adecuados para conversar con el TSE y los llamaban a “respetar el desarrollo del proceso electoral”. Al final de cuentas la reunión ya no se llevó a cabo.
Por si las polémicas relacionadas a las candidaturas no eran suficientes, el TSE tomó más decisiones que también generaron críticas. La primera la adoptaron en conjunto con los secretarios de los partidos políticos y fue celebrar las reuniones entre magistrados y fiscales a puerta cerrada lo que levantó una ola de señalamientos por no respetar el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento.
Las críticas los obligó a retractarse días después.
Para entonces, cada decisión que tomaba el TSE ya era vista con desconfianza. El 27 de febrero se conoció la noticia de que habían contratado a la empresa Datasys para que se hiciera cargo del escaneo, transmisión, grabación, validación y publicación de los resultados.
Los cuestionamientos de diversos sectores giraron en torno al costo excesivo del programa —Q148 millones— y porque se le adjudicó a la oferta más cara. Pero la polémica mayor fue porque Datasys tuvo reparos y en Colombia y Honduras, en este segundo país se le cuestionó por deficiencias en el servicio que ofreció para el proceso electoral.
Aunque se presentaron algunas acciones legales para revertir la adjudicación, no prosperaron y esta empresa es la que se hará cargo de la transmisión de resultados hoy.
Criterios de inscripción
Uno de los cuestionamientos más serios que se le hizo al Tribunal fue acerca de los criterios de inscripción, con las cuales rechazó candidaturas presidenciales y a diputaciones con argumentos que no tomó en cuenta para aceptar otras.
El 11 de marzo el pleno de magistrados revirtió la decisión del Registro de Ciudadanos y aceptó la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado por lista nacional del partido Cambio, pese a que el exdiputado y excandidato presidencial fue condenado en EE. UU. por lavado de dinero, delito que él admitió.
Además, Baldizón tiene procesos judiciales abiertos en Guatemala. Luego de admitida su inscripción, el MP se pronunció indicando que tenía causas abiertas por el caso Transurbano y Odebretch. Los magistrados, entonces, debieron retractarse.
El 20 de marzo, se sumaron más dudas al proceso electoral. Esta vez la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP pidió a la Corte Suprema de Justicia el retiro de la inmunidad a Edmond Mulet y lo denunció ante el TSE por campaña anticipada, debido a que el candidato se pronunció en favor, en conferencias de prensa y entrevistas, de los periodistas de elPeriódico que fueron acusados por un caso de supuesto lavado de dinero.
Hasta hoy la acción no prosperó, aunque dentro del caso judicial se condenó al presidente de ese medio, José Rubén Zamora, a seis años de cárcel y la investigación en contra del resto de periodistas continúa.
Mientras tanto, el 25 de marzo finalizaba el periodo de empadronamiento con un total de nueve millones 361 mil 68 personas aptas para votar, aunque con muchos jóvenes que quedaron al margen porque optaron por no registrarse. Un día después terminaba la inscripción de candidatos con 29 mil 99 participantes.
El 3 de abril el TSE anuló la inscripción de la asamblea de proclamación del partido Poder, con lo cual dejó sin efecto la inscripción del candidato presidencial Óscar Castañeda.
El 25 del mismo mes vencía el plazo para integrar las juntas electorales municipales, mientras que dos días después la CC dejaba fuera de la contienda a Baldizón.
El mes terminó con una polémica más. El 30 se supo que los magistrados y los partidos políticos habían acordado no incluir el nombre de los candidatos a diputados en las papeletas, medida de la cual tuvieron que dar marcha atrás, luego de las abundantes críticas por opacidad.
Recta final
Todos los anteriores acontecimientos ocurrieron en 30 días. Los siguientes 55 empezaron con un hecho considerado clave por analistas. El 2 de mayor Prensa Libre publicó la primera Encuesta Libre 2023 solicitada a ProDatos, que mostraba a Carlos Pineda, un empresario que se dio a conocer a través del uso de Tik Tok, liderando la intención de voto.
Tres días después de publicada la encuesta, el partido Cambio, de Manuel Baldizón, con quien Pineda había coqueteado al principio, presentó un amparo en la Sala Sexta de los Contencioso Administrativo con el cual pretendía invalidar la asamblea en la cual habían proclamado su candidatura presidencial.
El 19 de mayo la Sala les otorgó el amparo provisional. Como era de esperarse, Pineda presentó acciones legales ante la CC que fueron desestimadas, quedando fuera del proceso electoral el 26 de mayo.
Mientras tanto, ese mismo día la presidenta del TSE, Irma Palencia, daba declaraciones en las que avizoraba una baja participación en las elecciones a efectuarse en EE. UU., según ella, por la persecución en contra de migrantes en Florida. Estos comentarios desataron la indignación del los guatemaltecos en ese país, quienes culpan al Tribunal por no promocionar el empadronamiento ni el voto en el extranjero y por actuar de forma descoordinada con los consulados en aquel país.
El 5 de junio se conoció de otra polémica que involucraba al TSE ya que las juntas electorales del Distrito Central y del departamento de Guatemala compraron un sistema para el conteo de votos y transmisión de resultados, paralelo al que compró el TSE en Q148 millones.
Aunque ambas juntas defienden la compra del sistema, mientras que algunos los partidos políticos lo cuestionan ya que les despierta sospechas y lo consideran un gasto innecesario puesto que el TSE ya adelantó que los resultados que se transmitan en el cuestionado sistema no serán vinculantes.
Análisis
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), calificó al actual proceso electoral de “inédito” en la actual era democrática, donde ha prevalecido la falta de credibilidad por la excesiva judicialización en la participación de candidatos.
Esto ha generado la percepción de que “el proceso está amañado” por diferentes actores o intereses. Aparte, añadió, la coyuntura da la percepción de que existe un enjuiciamiento selectivo de fiscales, jueces y periodistas y de que no hay independencia de poderes a lo que se suma un TSE polémico en sus decisiones y un “hacinamiento” de partidos políticos que no necesariamente actúan conforme a la ley.
“Esto hace que la ciudadanía está altamente confundida y muy decepcionada de la institucionalidad y por lo tanto desconfiada de lo que pueda resultar el domingo”, puntualizó Hidalgo.
El analista considera clave en la poca credibilidad del proceso “la dolorosa etapa de inscripción de candidatos” que dejó una sensación de injusticia, de aplicación de criterios diferenciados y de protección de que hay personajes protegidos po el poder.
El viernes pasado al mediodía terminó el periodo de campaña, con la alerta del TSE —días antes— de que al menos 62 municipios son considerados de alto riesgo por conflictividad.
A juicio de Hidalgo, la falta de credibilidad, la judicialización, la gran cantidad de partidos y el hecho de que a nivel municipal el margen entre un candidato y otro puede ser mínimo puede desatar conflictividad e incluso violencia.
“Se pueden levantar mucho los ánimos, esto más la manipulación o ambiciones de candidatos puede exacerbar las emociones y encender las fricciones de la población”, apuntó.
