Este fenómeno ya había sido expuesto en las elecciones del 2015 y 2019, pero en esta oportunidad las fuentes han detectado como la acción de amparo ha ido ganando terreno para derribar o permitir candidaturas.
Los datos oficiales del órgano electoral, señalan que de las 107 acciones de amparo, 56 ya fueron resueltos, pero todavía restan 51 acciones de amparo que siguen pendientes de una resolución definitiva.
Fue justamente un amparo provisional el que mantiene fuera del proceso de votaciones a Carlos Pineda, quien encabezaba la intención de voto y cuya candidatura, junto a todas las de Prosperidad Ciudadana, quedó suspendida provisionalmente.
Otras ofertas políticas para la presidencia que no llegaron a concluir su inscripción son Roberto Arzú de Podemos y Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Las acciones legales del proceso electoral 2023 no quedaron exclusivamente en la cancha presidencial, acciones legales también frenaron y mantienen fuera a políticos que buscan llegar al Congreso.
Algunos de ellos son Alfonso Portillo y Manuel Baldizón, ambos con sentencia condenatoria en cortes de los Estados Unidos por actos relacionados con el lavado de dinero.
A 14 días del proceso de votaciones, los 51 amparos pendientes despiertan alertas entre analistas, quienes consideran que la judicialización es clara en el evento, pero destacan otros factores.
Centenar de amparos
La cantidad de amparos que se conocen a este momento podría ir en aumento, ya que tras las elecciones generales y conocerse los resultados, como en otros años, dan espacio a una nueva etapa de impugnaciones.
Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, comentó que el escenario legal que reflejan las elecciones del 2023 es similar al del 2019.
“De una forma parecida al 2019, la gran duda o la característica ha sido la judicialización de algunas candidaturas y la descalificación de algunos candidatos, esta ha sido la nota importante”, señaló.
Pero existen algunos factores que diferencian este evento electoral y al anterior, señaló Ortiz. “Quizá la diferencia con 2019 pueda ser que los distintos órganos tuvieron un criterio uniforme, ahora hemos visto en la denegatoria de inscripciones criterios volátiles y erráticos que han marcado esta elección”.
¿Decisiones arbitrarias?
En estas elecciones generales, según la opinión de Renzo Rosal, analista político independiente, se ha visto un fenómeno inusual entre las instituciones que tienen relación directa e indirecta con las elecciones.
“Antes hablamos de dudas sobre el financiamiento de los partidos políticos, pero ahora estamos hablando también de decisiones discrecionales, casi que arbitrarias para dejar adentro a ciertos candidatos y dejar fuera a algunos que políticamente son vistos como inconvenientes”, señaló.
Para el experto, este escenario no se había registrado y le preocupa la manera en que las decisiones aparentemente arbitrarias han ido ganando cabida en decisiones que tienen que fortalecer la democracia.
“Creo que este evento ha sido marcado por los amplios y profundos cuestionamientos, que yo recuerde nunca en la historia política de este país se había dado una elección con tantas manchas, con tantos señalamientos y decisiones”, indicó.
Candidaturas y compras
Junto a la judicialización que expertos visualizan del actual proceso de elecciones, hay una serie de factores que vienen a sumar en el panorama, según lo señaló Jahir Dabroy, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies).
“Han sido varias cosas, por un lado, hemos tenido candidaturas que han sido cuestionadas; todos sabemos de las decisiones que han tomado los órganos de justicia para no permitir ciertos espacios de candidaturas”, indicó.
Pero el analista considera que la sociedad ha sido clave para el actual proceso, ya que ha sido posible que el órgano electoral reconsidere algunas decisiones, justamente compras de sistemas tecnológicos que despertaron dudas e incertidumbre antes y durante el periodo electoral.
“El otro aspecto que también llamó la atención fue todo el tema relacionado a la contratación de ciertos servicios, en este caso a los sistemas vinculados a la informática de parte del TSE, donde el papel de la ciudadanía también ha sido relevante para buscar un proceso de negociación”, destacó.
Sin frenar el proceso
A pesar de que existe una cantidad considerable de amparos, estos no son un impedimento para que las elecciones generales se celebren el próximo 25 de junio, según ha reiterado en múltiples oportunidades los magistrados del TSE.
Rafael Rojas, magistrado del TSE, destacó que están conscientes de acciones legales que no han sido resueltas, y reconocen que los procesos de impugnaciones son permitidos durante el proceso electoral.
“Cada persona o partido político que ha promovido alguna inscripción de candidatura pues ha planteado los recursos que establece la ley, particularmente con las acciones de amparo, pero nosotros como tribunal estamos a la espera de algunas resoluciones”, reafirmó.
Pero también fue claro en que no existe algo que impida continuar con la programación de las elecciones, en donde la impresión de papeletas está ya a tan solo unos días para concluir, las mismas deben de llegar a las autoridades electorales, a más tardar, el 13 de junio.
“Esto no impide que se lleve a cabo la impresión de papeletas porque hay una disposición que emitió el Pleno, en que si no se ha otorgado algún amparo provisional a la situación de cada uno de los candidatos, estamos a la espera de algunas resoluciones pero no impide el cronograma para la impresión de papeletas”, concluyó el magistrado.
