El reciente asalto a la propiedad privada del Ingenio Magdalena a manos de invasores criminales es un alarmante recordatorio de la creciente vulnerabilidad de los derechos de propiedad en el país. Aparte de ser un delito flagrante, es un ataque frontal a los pilares del desarrollo económico y social: la inversión y el empleo. Lamentablemente, a las autoridades parece no interesarles defender la propiedad privada, más allá de la suya.

El Ingenio Magdalena se consolidó como el principal ingenio de Guatemala a lo largo de las últimas dos décadas, gracias a una gestión muy visionaria. Ahora es una de las empresas más grandes del país, genera empleo y contribuye al desarrollo económico. Además, como cogeneradora de energía mediante biomasa, abastece más del 12% de la demanda nacional. La usurpación pone en riesgo la calidad de la energía y la estabilidad del sistema eléctrico. Esta invasión —tercera en 3 años— pone en evidencia la presencia de redes criminales que, con promesas de acceso ilegítimo a la tierra, engañan a personas de escasos recursos. Estos actos, además de dañar a las empresas y a la economía, perjudican a aquellos que son manipulados para participar en ellos. A pesar de que la legislación guatemalteca supuestamente protege los derechos de propiedad, la falta de acceso a la justicia y la impunidad son obstáculos persistentes que, a la larga, dejan desprotegidos esos derechos que dicen proteger. La desconfianza en nuestro sistema judicial y la falta de conocimiento sobre los propios derechos complican la defensa de la propiedad y erosionan la confianza de los inversionistas.

Lo peor de todo es que no es que se necesiten más reformas legales, sino simplemente que las autoridades cumplan su harta obligación. Recuerdo cuando cierto candidato, ahora presidente, me dijo en una entrevista que él no iba a permitir que siguieran las invasiones y que iba a ejecutar los desalojos. Cuatro años después, seguimos en las mismas, o peores, y los nuevos candidatos tampoco se ve que vayan a hacer algo al respecto. Si las autoridades no actúan con firmeza en contra de los criminales, solo es de esperar que estos cada día se envalentonen más y cometan peores fechorías. Si algo tan básico como el derecho de propiedad no es garantizado en nuestro país, ¿cómo podemos construir un entorno seguro y propicio para la inversión en Guatemala? Con razón el nearshoring nos está pasando por encima.

Según el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal, un proceso penal en el país debería durar un máximo de 341 días. Sin embargo, la realidad es que duran unos 817 días; más del doble de lo estipulado. En el caso de los delitos contra la propiedad inmueble, apenas un 2% de los casos llega a sentencia cada año y únicamente un 0.3% logra un desalojo. ¿Cómo se pueden garantizar así las inversiones? Como de esta administración ya no esperamos mayor cosa, solo que languidezca en el olvido, es hora de exigir a los que vienen, antes de que sean electos, que se comprometan a realizar acciones contundentes para frenar las invasiones ilegales y condenar las violaciones a los derechos de propiedad.

El profesor gallego Miguel Anxo Bastos —también profesor acá en la UFM—, al recibir la semana pasada el premio Juan de Mariana en España planteaba la pregunta: “¿Qué hicieron nuestros abuelos que nosotros no hacemos?”. Su respuesta fue clara: “Lo primero, la propiedad privada. Si fuera un ministro o algo así, Dios no lo quiera, sólo pondría una ley: respetar la propiedad privada y punto. Y no es tener cosas, la propiedad es un elemento de civilización, trae paz, arraiga a la gente, hace que lleven vidas sensatas y piensen a largo plazo. Los Estados atacan la propiedad privada”. He aquí la esencia de la propiedad privada y la importancia de su respeto.

En Guatemala, la Constitución y la ley ya protegen la propiedad privada, el problema radica en hacer valer la ley. Ese es el verdadero desafío.