Nuestra Constitución señala como deber y derecho de los ciudadanos “velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral” (inciso c) del artículo 136).

Cada frase de nuestra constitución, en la cual establece un reconocimiento de nuestros derechos o una obligación del Estado y del poder, tiene una razón histórica. La ley no es más que una decisión política y la decisión política más importante de un Estado es su Constitución.

Los derechos que no se ejercen se pierden y debemos entender, por ejemplo, el bagaje histórico que representó para los constituyentes lo vivido y el objetivo por erradicar los abusos y procesos antidemocráticos sufridos.

Tuvo que venir a Guatemala Mario Vargas Llosa, el intelectual liberal más importante de América Latina, a decirnos que era una vergüenza para buena parte de los guatemaltecos no haber entendido cómo el derrocamiento de Jacobo Árbenz, habiendo sido legítimamente electo, debía ser condenado porque ello provocó una espiral de procesos abusivos.

Cuando Árbenz fue derrocado en 1954, Carlos Castillo Armas, el caudillo de la mal llamada Liberación convocó a un plebiscito para legitimarse, la gente debía acudir a decir si estaba o no de acuerdo con él como Presidente. Ese plebiscito tuvo dos características: voto público y escrutinio secreto, dos conceptos reñidos con cualquier noción democrática.

Castillo Armas fue asesinado por sus propios amigos en Casa Presidencial, se convocaron elecciones y Miguel Ydígoras Fuentes quien supuestamente representaba una oposición se perfilaba como candidato triunfador, pero con un fraude electoral salió electo el propio candidato de la Liberación, esto provocó manifestaciones hasta de bicicletas e Ydígoras tomó el poder después de dinámicas complicadas.

Cuando Ydígoras ya salía del poder porque terminaba su mandato, Juan José Arévalo anunció desde el exilio su retorno para ser candidato, las huestes revolucionarias tendrían un personaje por quien votar y por eso, contado por alguno que otro militar en sus memorias, decidieron dar Golpe de Estado en 1963 para que Enrique Peralta Azurdia, como representante del Ejército iniciara un proceso de abusos y tutela militar sobre el poder civil y así impedir la candidatura de Arévalo, quien seguramente triunfaría.

En 1965 se promulgó una constitución y el poder formal fue conferido, luego de haber obtenido éxito electoral a Julio César Méndez Montenegro, pero bajo un perverso pacto de control militar, para tutelar su gobierno. Luego vino Carlos Arana Osorio quien ejecutó el primer fraude electoral en 1974 a gran escala para impedir que la oposición encabezada por Efraín Ríos Montt (antes de ser fanático religioso) y Alberto Fuentes Mohr ocuparan la presidencia y vicepresidencia, dándole el poder a Kjell Laugerud.

Fernando Romeo Lucas llega también al poder por fraude en 1978 y luego él ejecuta otra burla el 7 de marzo de 1982 para entregar el poder a Angel Aníbal Guevara, pero 15 días después, el propio ejército da otro cuartelazo para entronizar a Rios Montt como dictador, período que llegó hasta el 8 de agosto de 1983 en la cual Oscar Mejía Victores ante los abusos cometidos, promete el retorno de la constitucionalidad y entregó el poder a Vinicio Cerezo el 14 de enero de 1986, fecha en que entró en vigencia nuestra constitución.

Nuestra historia electoral ha sido un fiasco y por eso el tesoro que representó hacer elecciones confiables a partir de 1984, no puede destruirse por un grupo de personas con fuertes nexos con el poder que dirigen el Tribunal Supremo Electoral en estos momentos.

Tenemos el derecho y el deber de velar por la transparencia del proceso electoral y a esta exigencia se debe sumar quien procure un país en paz, todos somos fiscalizadores de este proceso que ya tiene bastantes tachas con la complicidad de bastantes otras instituciones.