El 3 de septiembre de 2019, el entonces presidente Jimmy Morales decidió ya no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Alejandro Giammattei, que recién había sido electo mandatario, prometió que en su lugar crearía un ente contra la corrupción que sería dirigido desde el Ejecutivo, fue así como creó la CPCC, un ente cuya función es detectar anomalías dentro de los ministerios y secretarías del Gobierno.
Esa dependencia le ha valido críticas por falta de confianza de parte de distintos sectores sociales, quienes afirman que no es autónoma y carece de imparcialidad.
Pacto político
“Esto no funciona, mejor borrón y cuenta nueva. Ninguna comisión que no sea autónoma va a funcionar, tiene que ser una auditoría social, integrada por la sociedad civil”, afirma Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Torres, quien por tercera ocasión consecutiva busca la Presidencia, dice que “promovería un pacto político integrado por sectores de la sociedad para que funcionen como auditores sociales”.
“Yo diría algo local, pero encabezado por gente proba, que sean liderazgos nacionales representados por todos los sectores: iglesias, sindicatos, maestros, universidades, tanques de pensamiento, que se involucren para que exista esa transparencia que necesitamos”, acotó.
La CPCC se estableció con la promesa de crear mecanismos de detección de actos de corrupción y recomendar leyes y reglamentos para otras instituciones del Gobierno, funciones que, según los presidenciables, no se cumplen, por lo cual, prometen concretar otras instancias más independientes.
“Primero vamos a desmantelar la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que no sirve para nada. Vamos a crear otras instancias de vigilancia y de control, pero independientes, con la sociedad civil, con medios de comunicación. Nadie vinculado al Gobierno. Si no, no funciona”, afirma Edmond Mulet, candidato presidencial del partido Cabal.
Mulet, afirma que cualquier acción de combate a la corrupción impulse alcanzaría a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados llevan más de tres años sin ser relevados.
Evaluación
Por parte del partido Valor, cuya candidata presidencial es Zury Ríos, se informó que “la Comisión tiene vigencia hasta el 21 de enero de 2028, por lo que evaluarán el desempeño de esta instancia.
“Evaluaremos el funcionamiento e impacto de la lucha contra la corrupción realizada por dicha comisión en el Organismo Ejecutivo, posterior a ello tomaremos la decisión de continuar, reformar o dejar sin efecto dicha comisión”, respondió a una consulta de Prensa Libre.
Debe continuar
A pesar de las críticas, otros candidatos opinan que esta comisión debe continuar y fortalecerse.
“Estas Instituciones hay que mantenerlas, algunas requieren reingeniería. La Comisión Presidencial Contra la Corrupción debe funcionar, deberíamos de tener a la mejor gente, la debemos equipar, debemos darle personal técnico, y debe ser una oficina muy visible para que cumpla su función”, dice Manuel Conde, presidenciable del partido Vamos, quien afirmar que el caso de corrupción revelado por compras anómalas en el hospital de Chimaltenango fue producto del trabajo de esa comisión.
“Se dijo muy poco que la denuncia la hizo esta comisión y que fueron investigados todos los involucrados en estas compras, esos son los hechos que debemos fortalecer”, argumentó.
Gasto innecesario
El abril último, mediante el acuerdo gubernativo 72-2023, Giammattei amplió la vigencia de la referida Comisión por cuatro años más, por lo que concluiría su funcionamiento en enero de 2028.
No obstante, el candidato del partido Victoria, Amílcar Rivera, sostiene que no invertiría más recursos del Estado en una comisión que, según él, “no es independiente”, por lo tanto sería “eliminada” desde el momento en que asuma la Presidencia.
“Debemos tener independencia real de poderes, que la Contraloría se fortalezca, pero realmente que tenga independencia y que no tenga dependencia ni del Ejecutivo ni del Legislativo y, por supuesto, también las Cortes y el Ministerio Público”, señaló.
Eliminar acuerdo
Para Walter Menchú, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el próximo mandatario “legalmente” tendría que derogar el acuerdo gubernativo para dejar sin vigencia dicha Comisión Presidencial, de lo contrario, tiene que mantenerla en operación.
La CPCC es presidida por Óscar Dávila, quien fungió como jefe de la fiscalía antinarcóticos del MP y como viceministro Antinarcótico en el Ministerio de Gobernación.
En 2022 la CPCC recibió 205 alertas de corrupción de diferentes dependencias del Gobierno, de estas fueron admitidas 156, de las cuales 37 fueron por presuntas irregularidades en el Ministerio de Educación y 22 de Salud.
Entre las denuncias penales que ha presentado la CPCC figura la malversación de Q4.4 millones en el Ministerio de Salud, aunque se desconocen los resultados de esa investigación.
Desde el 2020 que fue creada, hasta el 5 de mayo último, la Comisión ha gastado Q29 millones 195 mil, 425 por funcionamiento, según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). El presupuesto anual que se le asigna es de Q11 millones.
