Pineda explicó que la denuncia la interpuso en el Ministerio Público y que el registrador de ciudadanos – Ramiro Muñoz- tiene consecuencias penales por haber quebrantado la ley de mil maneras. La denuncia también va para los magistrados del TSE.
Comentó que suspendieron la participación de Prosperidad Ciudadana argumentando que no había reportes financieros, que en la asamblea no se había hecho el método d’Hondt o para asignación por minoría y que no había listado de delegados del partido.
Afirmó que en la mencionada asamblea hubo participación de delegados del TSE que dieron fe de que lo actuado fue correcto.
EN ESTE MOMENTO
Señaló que cuando se hace una revisión de documentos, se descubrió que sí se contó con la documentación que supuestamente hacía falta.
“El registrador de ciudadanos omitió información a la Sala Sexta y a la Corte de Constitucionalidad. La CC certificó lo conducente para que el Ministerio Público pudiera investigar, tanto el actuar del registrador de ciudadanos; que él definitivamente se va preso. Osea hoy, mañana o cuando haya justicia, pero él sí cometió delitos inconstitucionales”, dijo Pineda.
Señaló que el registrador Muñoz fue acusado por los delitos de desobediencia, abuso de autoridad y por incumplimiento de deberes.
Además, la denuncia también va para los magistrados del TSE, Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera, Mynor Franco Flores y Álvaro Cordoon, por incumplimiento de deberes y violación a la Constitución.
En la denuncia se menciona que el partido Cambio presentó un amparo en el que señaló que en la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana, del 22 de noviembre de 2022, no se cumplieron varios requisitos.
La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar, el viernes 19 de mayo, el amparo provisional interpuesto por partido Cambio de Manuel Baldizón, con el cual impugnaron una asamblea nacional ordinaria de Prosperidad Ciudadana, que dejó provisionalmente afuera de la contienda electoral a Carlos Pineda.
La Dirección General del Registro de Ciudadanos (RC) informó el domingo 21 de mayo que dejó en suspenso la segunda asamblea nacional del partido Prosperidad Ciudadana en la que proclamaron al binomio presidencial y otros puestos de elección popular.
En cumplimiento a lo resuelto por una sala judicial el viernes 19 de mayo el RC decidió “dejar en suspenso, mientras dure la tramitación del amparo, el acta donde se documenta la segunda asamblea nacional ordinaria del partido político Prosperidad Ciudadana”, revela un comunicado.
Con esta decisión, el RC suspende en forma provisional la candidatura del presidenciable Carlos Pineda y de más de 1,200 postulaciones para diputaciones y corporaciones municipales, según datos del mismo TSE.
Como consecuencia de esto el RC determinó:
- Suspender la resolución por medio de la cual la Dirección General del Registro de Ciudadanos ordenó la inscripción de la certificación del acta de la asamblea nacional extraordinaria donde se eligieron y proclamaron candidatos a cargo de elección popular.
- Suspender las resoluciones de inscripción de las candidaturas a nivel nacional.
- Instruir al Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos para que proceda de inmediato a bloquear el código de verificación QR de las credenciales emitidas, así como solicitar la devolución de las mismas, las cuales fueron entregadas oportunamente
El 26 de mayo se supo que desde esa semana el TSE anuló las credenciales de Carlos Pineda y de todos los candidatos de Prosperidad Ciudadana.
Abogado explica supuestos delitos
El abogado de Carlos Pineda, Erick Castillo, indicó que la denuncia presentada va dirigida a “defender el orden institucional”.
Dijo que tienen elementos de convicción, en los cuales se determina que hubo omisión de remitir información por parte del director general del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, hacia la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, como cuando remitió informe a la Corte de Constitucionalidad.
Según Castillo, hay información que el partido Prosperidad Ciudadana (PC) remitió oportunamente a los órganos electorales, entiéndase al director general y al mismo TSE.
A Muñoz lo denunciaron por lo supuestos delitos de desobediencia a la autoridad, en este caso a la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque esta Sala señaló que el director no le envió la información completa y el informe circunstanciado fue escueto y la documentación al ser incompleta, se incurre en desobediencia.
También señalan al funcionario por supuesto incumplimiento de deberes por enviar información incompleta; además, abuso de autoridad porque los tribunales constitucionales no contaron con la información necesaria y vital para conocer las peticiones de revocatoria y amparo provisional.
Dijo que también presentaron una denuncia contra los magistrados del TSE por el delito de violación a la Constitución e incumplimiento de deberes, porque hay documentación en la que se constata que los integrantes del TSE ya conocían que sí había informes financieros por parte de PC y que “en ningún momento velaron porque el director general lo remitiera a los tribunales, entiéndase Sala Sexta y Corte de Constitucionalidad”.
Añadió que la Ley Electoral y de Partidos Políticos manda que el TSE haga una investigación cuando determine que sus órganos electorales no están cumpliendo con la ley y sus obligaciones.
“Sobre todo la afectación que produce estas actitudes que son delictivas cuando lo que están afectando son los derechos ciudadanos, no solamente de los postulados de Prosperidad Ciudadana, sino de todo el pueblo de Guatemala que está pidiendo certeza jurídica en las actuaciones de esos tribunales electorales”, manifestó el abogado.
Según el abogado Castillo, esto está vinculado con lo que sucede en el tema de las cortes en el trámite del amparo.
Señaló que: “se le ha dado trámite a una acción de amparo, un amparo en el que el partido político Cambio no cumplió absolutamente nada con la ley y si se tratara de un ciudadano común, ya le hubieran rechazado su amparo, pero como se trata de una organización política, le han dato trámite que la ley no lo permite y eso es una violación no solo el debido proceso, sino al estado de Derecho guatemalteco”.
Según él, el amparo “no tiene vida, no tiene materia y jamás ninguna corte del país lo ha utilizado como base para atropellar los derechos constitucionales a ser electo de los guatemaltecos, en este caso el candidato Carlos Pineda y de los postulados por Prosperidad Ciudadana”.
Luego Pineda preguntó a su abogado si pueden poner una demanda con remuneración económica al Registro de Ciudadanos y que el TSE sería codeudor de esa demanda. Según Pineda, la demanda sería por Q100 millones y “regalarle a la gente pobre ese dinero”, a lo que Castillo le respondió que la ley lo contempla si se logra acreditar la existencia de los referido delitos.
Pineda afirmó que hizo su campaña de lo “más limpio y transparente posible” y que “no lo dejaron los corruptos”. También advirtió que las consecuencias legales “van a llegar hasta lo último” y que tarde o temprano la justicia va a llegar a Guatemala.
“Hoy los políticos fueron cobardes, porque me hubieran vencido en las urnas, entonces me hubieran derrotado, pero me fortalecieron más”, aseguró.
Dijo que el director del Registro de Ciudadanos tiene consecuencias penales por haber “quebrantado la ley de mil maneras”.
Afirmó que le parece extraño que la Dirección y los abogados del partido PC no estén accionando legalmente y él es el que toma la batuta para hacer el esfuerzo por salvar a las 1 mil 269 candidaturas del partido.
“Me han llamado todos los partidos”
Afirmó: “Me han llamado todos los partidos políticos, sabes qué hacen, te llaman y te preguntan ‘mirá, si tu decís que voten por mí, entonces yo te doy 14 ministerios me dijo uno’”.
Cuando le preguntaron qué partidos lo han llamado, Pineda se negó a ampliar información y dijo: “te dije todos, hay 29, tú sabes quiénes son todos, todos, son todos”.
También insistió en el voto nulo para según él rechazar las elecciones y se obligaría a repetir asambleas, reacomodarse los partidos y entrar nuevos candidatos a la contienda.
Ahora, Pineda espera que la Sala Sexta resuelva en definitiva y si lo favorece podría volver a la contienda electoral.
