El nombre de Gustavo Alejos ha estado asociado al poder. Ha hecho negocios multimillonarios con el Estado, ha incidido en la elección de magistrados del Organismo Judicial, a tal grado que los candidatos a tal cargo han hecho fila para que los tome en cuenta en las comisiones de postulación. Ha financiado partidos, como Gana, Todos y UNE; de hecho, en el 2020, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad le hicieron el favor al resolver que no tenga que enfrentar a la justicia por el financiamiento electoral ilícito a Sandra Torres, en las pasadas elecciones. Alejos también ha sido cercano a varios presidentes, como Álvaro Arzú y Óscar Berger. Otto Pérez Molina vivió en una residencia de Alejos. Sin embargo, su mayor logro como operador político fue cuando se convirtió en el secretario privado de Álvaro Colom. Tuvo el derecho de picaporte del despacho presidencial y eso le permitió entrar hasta la cocina en el negocio de los medicamentos para el sector salud.

En el 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público dirigido por Thelma Aldana dieron a conocer el caso Negociantes de la salud, por el cual desarticularon una red de corrupción que operaba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), encabezada por Alejos y que incluía a proveedores, funcionarios y operadores que manipulaban procesos de licitación y compras a favor de empresas farmacéuticas. El poder político que Alejos había acumulado durante varios gobiernos, en particular en el de Colom, lo ponía al servicio de empresas farmacéuticas como J. I Cohen, intermediaria de Roche, así como de Droguería Colón, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma. Las operaciones de esta estructura llegaban al extremo de modificar las solicitudes de medicamentos no en función de las necesidades de los pacientes del IGSS, sino de los intereses de las empresas farmacéuticas.

Después de años de tratar de retrasar y entorpecer el caso, Alejos acepta ahora ser responsable de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo. Pero ese mea culpa no es real porque lo hace para salvar el pellejo. Alejos, así como Alejandro Enrique Toledo, Juan Pablo Muralles, José Rodolfo Barrientos y César Estuardo Hernández se verán beneficiados con la reducción de la pena en una tercera parte. Esa aceptación de culpa en nada alivia el grave daño que le han causado a la población guatemalteca, en particular a los afiliados al Seguro Social. Esa estructura criminal ha sido responsable de que el IGSS adquiriera medicamentos que no necesitaban los pacientes, a quienes les modificaron las recetas para adaptarlas a los intereses de las farmacéuticas. No solo significó una cadena de corrupción que erosionó los fondos del Seguro Social, sino que atentaron contra la salud de los guatemaltecos.

Pero no solo ellos son responsables de este hecho criminal. Alejos durante muchos años se codeó con la dirigencia política del país. Eso significó que el dinero sucio de las farmacéuticas aceitó alianzas políticas, candidaturas presidenciales, a diputados y a magistrados de las cortes, que luego se pagaron con creces a costa de las necesidades de los pacientes del IGSS y de los demás centros asistenciales públicos. Entonces entendemos que la partidocracia del país es también culpable de estos hechos criminales, lo cual se extiende a los precios exorbitantes de los medicamentos en las farmacias del país. Esa cadena de corrupción e impunidad ha hecho que enfermarse en Guatemala sea un lujo porque los precios de las medicinas están por las nubes. Por eso es fundamental no solo escuchar el mea culpa de estos criminales, sino que haya un cambio real en el acceso de los medicamentos en el país.