Desde hace tiempo no me canso de repetir que uno de los grandes problemas es la visión de corto plazo que tienen, en general las personas, pero en especial, los políticos. Ellos piensan que el poder es eterno y entonces modifican el sistema, según ellos, en su beneficio y, muchas veces, con el objetivo de “fregar” a sus enemigos. Lo que no entienden es que un tiempo después, probablemente, sean sus enemigos los que estén en el poder, y utilicen las herramientas que ellos prepararon, en su contra.

Aquí en Guatemala, el mejor ejemplo son los abusos de poder que cometió la Cicig, sentando las bases para que, años después, se utilizarán los mismos precedentes en contra de sus aliados. Pero quizá el mejor ejemplo es lo que sucedió está semana en Ecuador. El presidente, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas utilizando una opción que establece la Constitución de ese país, que allá denominan la “muerte cruzada”.

Lo que quizá muchos no sepan es que la “muerte cruzada” es una estratagema que se ideó Rafael Correa cuando modificó la Constitución en 2008. Correa la veía como un “seguro” en caso perdiera la mayoría en la Asamblea, ya que así podría disolverla y creía que él o algún su achichincle serían reelectos en las elecciones anticipadas. Catorce años después, resulta que Lasso, a quien los aliados de Correa le hicieron la vida imposible y estaban a punto de destituirlo utilizando una acusación falaz, utilizó el mecanismo de la “muerte cruzada” para destituir a sus enemigos —los correístas— aunque, ello implicara, para efectos prácticos, su renuncia al cargo.

Esa es la importancia de velar porque la legislación y el sistema sean lo más neutros posibles, sin inclinar la balanza hacia ningún grupo de presión particular, sino que defienda los derechos básicos de todos. En pocas palabras, se debe defender derechos y no intereses. Quienes se aprovechan del poder para su propio beneficio y buscan manipular el sistema, tarde o temprano, pagarán las consecuencias de su insensatez.

Un corolario de la insensatez de Correa es que la “muerte cruzada” permite que el presidente gobierno “por decreto” durante los próximos meses. Seguramente Correa lo veía como la forma de implementar su visión socialista sin tener que pedir la autorización de la Asamblea. Pero ahora, es Lasso, con una visión diametralmente distinta a la de Correa, quien gobernará por decreto.

Pienso que eso quedó muy claro con el primer decreto que promulgó Guillermo Lasso, luego de disolver el Congreso, el decreto 742, que es una reforma tributaria para reducir impuestos. Esta reforma ya había sido enviada por Lasso a la Asamblea con anterioridad, pero había sido bloqueada por los correístas. Según indicó Lasso al firmar el decreto, este incluye una reducción de impuestos para personas y negocios con el fin de “fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas”. Ello significará que “cerca de US$200 millones regresen a sus hogares”. Se busca “velar por el bienestar” de la mayoría de la población, indicó. El decreto 742 lo debe ahora autorizar la Corte Constitucional, y luego de ello entrará en vigor. El decreto reforma la Ley de Régimen Tributario Interno para cambiar el esquema de rebajas al pago del impuesto a la renta, que ahora serán mayores mientras más cargas familiares tenga el tributario.

Guillermo Lasso tiene ahora la oportunidad única, con el poder que irónicamente le da la Constitución de Correa, de hacer cambios trascendentales en el sistema ecuatoriano, que serían muy difíciles que los autorizara un Congreso con mayoría opositora. Espero que aproveche bien esa oportunidad, y pienso que el decreto 742 es un muy buen inicio.