Bukele, Pedro Castillo y ahora Petro pareciera que llegaron al poder sin enterarse de que en sus respectivos países hay un sistema presidencialista. Bukele entró con militares a la Asamblea porque aquella —en la que no tenía mayoría— no hizo lo que él quería. Castillo intentó disolverla y le costó un proceso judicial y prisión preventiva, de momento. Petro, al advertir que el Congreso no apoya sus reformas, ha amenazado con utilizar la lucha callejera, actividad en la que demostró ser experto en el pasado.

Los tres actúan de igual forma autoritaria, porque no comprenden ni aceptan el modelo de organización político-estatal de sus respectivos países: la república presidencialista. En ella, el ciudadano elige y deposita simultáneamente su confianza en el presidente y en el diputado, de forma que la representatividad está igualmente repartida, y ambas instituciones simbolizan y representan la unidad nacional. Por lo tanto, cuando el poder Ejecutivo toma una decisión, puede ser vetado o no apoyado por el poder Legislativo, y viceversa, porque ambos cuentan con idénticos argumentos de representación y legitimidad popular. El diseño institucional —cuestionado hace tiempo por Juan Linz— viene creando problemas con el tiempo al generar pugna entre poderes —más que un equilibrio que debería conducir al diálogo—, especialmente cuando los presidentes no cuentan con las mayorías parlamentarias necesarias para sacar adelante sus proyectos y se creen únicos representantes de la voluntad popular, sin aceptar que el poder está igualmente repartido.

Las experiencias citadas deberían hacernos reflexionar seriamente sobre lo que aquí ocurre, y se nos viene nuevamente. Desde hace tiempo se ha estado produciendo una marcada divergencia entre Legislativo y Ejecutivo, y a los sucesivos presidentes no les ha quedado de otra que acercarse al Legislativo y alentar el transfuguismo político para conformar bancadas más numerosas que les permitan gobernar sin negociar. Prohibido aquello, se dedicaron a comprar votos en un Congreso prostituido y absolutamente mercantil y rentista. Unos más que otros hemos visto a casi todos los partidos políticos votar con el oficialismo. En ocasiones —no hay que negarlo— por coincidencias programáticas o necesidad nacional, pero en la mayoría de ellas ha sido patente la compraventa de favores en beneficio de aquellos que otorgaron votos cuando fueron necesarios.

Esa práctica ha ido creciendo y con los años el costo también ha aumentado, por lo que es de esperar que el gobierno próximo no sea una excepción, especialmente si alcanza el Ejecutivo un partido con escasa red de infraestructura política nacional, y ejemplos sobran. De ser así, se desencadenará una pugna por el control del Congreso y, si no se consigue —que será lo normal—, el presidente de turno querrá meterse “al pueblo” en el bolsillo para tomar las calles, como Petro ha amenazado en Colombia, y en Perú se intentó. Se perderá la poca cordura que queda y las batallas callejeras, “el serranazo 2.0” o la compra carísima de diputados serán las opciones.

Algunos piensan que votar en línea es la solución, lo que podría aceptarse si hubiese partidos mínimamente decentes, cosa que no ocurre, así que darle el poder total a un montón de delincuentes, chabacanos o sinvergüenzas es acelerar la muerte civil, y poner a plazo fijo de cuatro años el futuro político nacional, porque no hay marcha atrás para ese lamentable error.

Si lo teníamos difícil, ahora está más complicado con este agregado, pero es la responsabilidad histórica en que la vida coloca a cada ciudadano. Deseche a los inservibles, que hay muchos, y sea responsable con su voto, el mayor poder con el que cuenta el ciudadano y del que muchos no son conscientes.